Caminantes en el olvido: los desafíos de acceder a la atención médica en Perú

 

 

 

Entre noviembre y diciembre del año pasado estuve un mes en Tumbes, en la frontera norte de Perú con Ecuador, donde pude observar lo que parecían ser ríos de gente caminando y caminando sin descanso. Por esta razón, se les conoce como “caminantes”: familias enteras con niños y niñas, recién nacidos, adolescentes embarazadas, personas mayores, en sillas de ruedas, en cochecitos, incluso a veces también se ven perros y gatos… Empacan las pocas pertenencias que aún no han vendido, se llevan lo que más les gusta y parten. Parecía como si caminar fuera su salvación, como si salir a caminar les ayudara a dejar atrás el dolor. ¿Te imaginas eso?

 

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) estima que, a finales de 2021, diariamente 1,000 personas de Venezuela salían de su país sin la intención de regresar. El número proyectado de migrantes venezolanos en todo el mundo podría llegar a 7,1 millones en 2022 -con 6,1 millones quedándose en América Latina. Las características de quienes emprenden el viaje han cambiado considerablemente a lo largo del tiempo: en la primera ola migratoria (2016-2018), los hombres adultos con una educación y una situación laboral relativamente buenas representaban el grupo más numeroso, como ocurre en la mayoría de los primeros movimientos migratorios. Hoy en día, esta tendencia se invierte por completo, las niñas y niños de 0 a 5 años y recién nacidos alcanzan el 20% de la población migrante. La proporción de familias con niñas y niños, y mujeres embarazadas aumentó significativamente, siendo en sí mismo un indicador de vulnerabilidad.

 

 

 

 

La escasa ingesta de alimentos y la falta de higiene deterioran la salud de las personas migrantes. Sin embargo, más allá de su salud física, todo lo descrito hasta ahora también tiene un impacto en su salud mental, determinando las elecciones (o la falta de ellas) que las personas hacen a lo largo del recorrido. Las condiciones y los recursos disponibles para el viaje se deterioraron gravemente en los últimos 2 años, debido al aumento de la pobreza en el país de origen, que parece ser el factor impulsor de la migración venezolana. Las familias relataron haber viajado en promedio durante uno o dos meses, mucho más de lo que solía ser cuando podían pagar un pasaje de autobús o hacer un viaje en camión. Otras familias me contaron que no podían recordar cuándo comieron su última comida caliente, tal vez hace 10 días. Una pareja joven que espera un hijo me dijo que durante el viaje tienen que suplicar por alimentos y que una vez, en Ecuador, les tiraron comida al suelo para que la recogieran y la comieran, como animales. Sentí vergüenza por tal maltrato, pero lo que más me impactó fue que relataron el episodio con una sonrisa triste y resignada, como si fuera una situación que suele ocurrir. La discriminación, que en el peor de los casos se convierte en xenofobia, se está transformando en la “nueva normalidad” para las y los migrantes en la región, un fenómeno que se agravó aún más con la pandemia.

 

A pesar de que la ley de migración de 2017 garantiza a las personas extranjeras los mismos derechos a la salud, trabajo y educación que la población peruana, existen barreras de acceso a la salud para las y los venezolanos en tránsito. Esto significa que los trámites burocráticos y administrativos innecesarios se convierten progresivamente en normas en la medida en que el personal sanitario que no está correctamente informado cree que se trata de una regulación real.

 

Por ejemplo, las mujeres embarazadas y las niñas y niños de 0 a 5 años en Perú pueden acceder a un seguro de salud público gratuito por ley en el país, independientemente de su condición migratoria. Sin embargo, para ello, se les solicita a las mujeres venezolanas una constancia de residencia y una ecografía, que en ninguna parte de la ley se establece como criterio de filiación. Dado que el personal de salud no está al corriente de esta situación, se solicitan sistemáticamente estos documentos como parte del procedimiento y, en caso de faltar, se niega la afiliación. Obviamente, los documentos solicitados son imposibles de obtener para una mujer en tránsito, lo que resulta en la denegación de la atención médica. A la luz de esto, la presencia de MSF en este contexto es aún más oportuna no solo para brindar atención médica a los más vulnerables, sino también y especialmente para garantizarles el acceso a la atención médica pública donde ya existen derechos e infraestructuras.

 

 

 

 

Los desafíos y obstáculos que enfrentan las personas migrantes no terminan en el lugar de destino. Perú acoge la segunda mayor población de venezolanos (1,5 millones este año) después de Colombia. Sin embargo, dado que las fronteras permanecen cerradas desde la pandemia, la población migrante actualmente no tienen vías legales para regular su situación al ingresar al país, excepto aquellos que presentan vulnerabilidades muy específicas.

 

Esto implica que la política migratoria peruana presenta un vacío legal, lo que resulta en una denegación importante de derechos así como en una limitación para las y los migrantes que ya viven en condiciones precarias sin acceso a servicios básicos. Sin un estatus regular, la población migrante no tienen acceso a la salud. El vacío que deja la legislación crea una zona gris que representa ese espacio en el que se crean las barreras de acceso a la atención médica y donde debe apuntar en última instancia el trabajo de incidencia de MSF: necesitamos desmantelar y eliminar dichas barreras, independientemente de si son por falta de conocimiento, sensibilización o discriminación.