Crisis migratoria en la región: entre promesas incumplidas y graves vulnerabilidades 

Médicos Sin Fronteras (MSF) pide a los gobiernos de Estados Unidos, México, Guatemala y Honduras que participaron en la Reunión Ministerial de la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección, que asuman y ejecuten sus obligaciones en el manejo de la crisis migratoria y concreten acciones a favor de los derechos de las personas en movilidad, incluyendo el acceso a servicios y el respeto a la dignidad humana. 

Algunas políticas migratorias promovidas e implementadas por Estados Unidos y otros países clave se han centrado en la contención migratoria. Ignorando el creciente número de personas expuestas a violencia extrema que afectan la salud física y mental de la población en movimiento. En este contexto, la reciente reunión enfatizó la importancia de someter las acciones al marco legal y de establecer una estricta vigilancia fronteriza, con el propósito de que la migración sea más ordenada y segura. Aunque estos tipos de iniciativas priorizan salvaguardar y proteger los derechos de las personas, el resultado ha diferido mucho de ello.  

En MSF hemos observado con alarmante preocupación cómo los programas destinados a facilitar los procesos migratorios han generado barreras y retos para muchas personas que intentan acceder a estos en el trayecto. En 2023 la organización evidenció 67 mil consultas de salud primaria y psicosocial en la región de Honduras (Danlí), Guatemala (Tecún Umán y Esquípulas) y México (Ciudad de México, Reynosa y Matamoros). Este factor es crítico para las personas en la ruta, por las condiciones de estancia precarias en las que se exponen, como la falta de acceso a agua potable, servicios sanitarios, albergues y exposición a temperaturas extremas.  

Las deplorables condiciones en los campamentos de acogida exacerban la crisis: el hacinamiento aumenta el riesgo de enfermedades y violencias. Solo en el primer trimestre de 2024, la organización brindó atención médica y de salud mental a 12,172 personas, un reflejo preocupante de las necesidades urgentes. 

También es crítico, por las políticas migratorias en países de la región, como por la gran vulnerabilidad de las personas migrantes que cruzan vías alternas peligrosas en su trayecto por cada país, lo que evidencia situaciones de calle y convierte a las personas en objetivos fáciles para los criminales. Ante ello, los países de tránsito han fallado en responder y garantizar la asistencia y protección de las personas migrantes, descartando la atención de salud integral. La crisis migratoria en la región requiere soluciones locales, regionales y globales. Esta es una obligación de cada país, ya sea de origen, tránsito o destino, para abordar las necesidades médicas y humanitarias y de protección de las personas en movimiento. 

El escenario y las dinámicas de la crisis migratoria en América Central y México generan retos operativos para los actores de salud. En comparación con 2022, hubo un aumento considerable de familias con mujeres, niñas, niños, adolescentes y adultos mayores en las dinámicas migratorias. En 2023, el 36% de las personas atendidas en consulta médica representó a la niñez en los grupos más vulnerados en la migración. Presentaron diarreas agudas, infecciones respiratorias y desnutrición, lo que conlleva secuelas graves que pueden causar la muerte. En el caso de los adultos, se resaltan las condiciones de salud que requieren seguimiento o tratamiento continuo, como enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes, asma y epilepsia, e infectocontagiosas, como VIH y tuberculosis. 

Los casos de violencia y violencia sexual continúan al alza. Configurando una de las formas más atroces de abuso que enfrentan las personas en la ruta. Durante el 2023, en las locaciones mencionadas, MSF asistimos a 232 sobrevivientes de violencia sexual, esto es una emergencia médica que requiere atención prioritaria e integral. Solo hasta finales de marzo de 2024, la organización atendió más de 250 casos en dichas locaciones. Es lamentable que muchas personas huyan de sus países por motivos de violencia, para encontrarse con otras circunstancias de violencia, sufrimiento y tortura que incrementan día a día.  

Estos abusos, además de secuelas físicas, también traen consigo impactos negativos que afectan profundamente la salud mental de las personas. De las más de 3,800 atenciones de salud mental en Honduras, Guatemala y México, el 48% han tenido como principal diagnóstico el estrés agudo, seguido de casos de depresión (12%) y ansiedad (11%). En más de la mitad de las consultas iniciales en salud mental, los altos índices de violencia, amenazas, extorsión, secuestros, violencia sexual y discriminación son los principales factores de la afectación emocional. La alarmante situación de salud mental se intensifica. En el primer trimestre del presente año 1,205 pacientes han sido atendidos en salud mental. Evidenciando la necesidad inmediata de tomar medidas de seguridad y protección permanentes. 

Para mejorar la seguridad de la experiencia migratoria es crucial aumentar la disponibilidad de albergues con requerimientos de agua y saneamiento suficientes, dignos y seguros. Así como la difusión de información sobre vías seguras y dignas, con procesos transparentes. Que respeten la dignidad humana y que no desconozcan la crisis y la emergencia humanitaria en América Latina. 

Médicos Sin Fronteras hace un llamado de urgencia para que cada Estado, sea de origen, transito o destino, asuma sus responsabilidades en el manejo de esta crisis. Incluso tomando las medidas sancionatorias legales y administrativas necesarias para reducir la impunidad en los casos de violencia contra personas migrantes. Es necesario se priorice la respuesta médica humanitaria en la región para atender la salud y protección, garantizando los derechos de la población en movilidad.  

Las personas migrantes tienen derechos humanos como cualquier persona simplemente en virtud de su humanidad. ¡Migrar es un derecho!