Día Mundial del Refugiado: México no es país seguro para miles de migrantes y refugiados que huyen de la violencia en Centroamérica

 

La violencia en Honduras, Guatemala y El Salvador continúa forzando a miles de personas a dirigirse al norte, a la vez que la administración de los EEUU no duda en adoptar estrategias diseñadas para evitar a toda costa que puedan acceder al estatuto de asilo. El fiscal general de los EEUU, Jeff Sessions, anunció la semana pasada que las demandas de asilo basadas en violencia sexual o de pandillas no serían reconocidas, una decisión que cierra la puerta para muchos centroamericanos que han tenido que huir a Estados Unidos para salvar sus vidas. Recientemente, además, se adoptaron nuevas medidas disuasorias como la separación de niños de sus familias que atentan contra principios básicos de humanidad.

 

Con medidas como estas, México se acabará convirtiendo en destino final para miles de refugiados y migrantes en situación de vulnerabilidad, expuestos a bandas criminales que los explotan y victimizan de forma sistemática.

 

"Estamos viendo una población que cada vez está más atrapada en México. No pueden regresar a los países de los que han huido y ahora no pueden buscar protección en Estados Unidos porque las políticas de su administración son cada vez más crueles e inhumanas", explica Marc Bosch, coordinador general de operaciones de MSF en Latinoamérica. "Nos alarma la política inhumana de separar a los niños de sus familias y la decisión de no reconocer ni la violencia sexual ni la perpetrada por las pandillas como justificación para obtener la condición de asilado en Estados Unidos", añade Bosch. En recientes discusiones entre los EEUU y México se consideró incluso la posibilidad de convertir México en "Tercer País Seguro", lo que obligaría a los demandantes de asilo a registrar su demanda en México e impediría su llegada a los EEUU para iniciar allí el proceso.

 

Más de 20,000 migrantes o refugiados procedentes del Triángulo Norte de Centroamérica (NTCA, en sus siglas en inglés) son secuestrados cada año, de acuerdo con cifras oficiales (CNDH). El 68% de los refugiados y migrantes entrevistados por MSF a lo largo de la ruta en México han estado expuestos a la violencia. Cerca de un tercio de las mujeres entrevistadas fueron abusadas sexualmente. Maras centroamericanas están operando ya en el sur de México y son responsables de parte de los ataques contra migrantes.
 

Los datos médicos obtenidos por MSF muestran que una de cada cuatro de consultas de migrantes y refugiados está relacionada con la violencia. Los pacientes se presentan con ansiedad, depresión y estrés postraumático, entre otras afectaciones en su salud mental que denotan altos grados de sufrimiento y afectación en su funcionalidad y capacidad de tomar decisiones. Mujeres, niños y miembros de la comunidad LGTB son más vulnerables a la violencia y requieren medidas específicas de protección que no están implementadas de forma efectiva en México.

 

108,500 personas del NTCA demandaron asilo en los EEUU el pasado año, de acuerdo con cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para el Refugiado (ACNUR), mientras que únicamente 8,700 lo hicieron en México. Permanecer en México no es una opción viable para aquellos que estarán expuestos a la violencia de bandas criminales. Esta situación es particularmente acusada para los menores, tanto si viajan solos o acompañados. 

 

"México debería garantizar protección, acceso a la salud y un pasaje seguro para migrantes y refugiados. El reconocimiento de la condición de asilado o refugiado en EEUU sigue siendo clave para poder abordar esta crisis humanitaria", añade Bosch.

 

En 2017, la escala de la crisis llevó a MSF a publicar el informe Forzados a huir del triángulo norte de Centroamérica: una crisis humanitaria olvidada. “La situación es ahora incluso peor y causa más sufrimiento a una población que ya ha sido objeto de violencia extrema en sus países de origen y durante su tránsito por México. Los centroamericanos que llegan a Estados Unidos quedan ahora también expuestos a un nivel inaudito de violencia institucional por parte de las autoridades de este país. No solo se les niega el acceso a las medidas de protección, sino que se les amenaza con estrategias que atentan contra derechos humanos básicos y se les amenaza con deportaciones que violarían los principios básicos de no deportación cuando existe riesgo para la vida de la persona”, añade Bosch.