El enfoque en la lucha contra los ‘terroristas’ ignora las necesidades humanitarias reales en Cabo Delgado

En la provincia de Cabo Delgado de Mozambique se han producido tres acontecimientos importantes en menos de seis semanas, los cuales tendrán un impacto significativo en el futuro en las vidas humanas.

Por Jonathan Whittall, Director del Departamento de Análisis.

En la provincia de Cabo Delgado de Mozambique se han producido tres acontecimientos importantes en menos de seis semanas, los cuales tendrán un impacto significativo en el futuro en las vidas humanas.

Primero, a mediados de marzo, el gobierno de Estados Unidos designó a un grupo armado de oposición que operaba en Cabo Delgado como organización 'terrorista' y envió asesores militares para capacitar al ejército de Mozambique sobre medidas antiterroristas.

Quince días después, la ciudad de Palma, cercana a un proyecto de gas multimillonario de la empresa francesa Total, fue atacada por un grupo armado, en un asalto brutal y de gran repercusión, que causó la muerte de un número aún desconocido de personas, y el desplazamiento de al menos 30,000.

A principios de abril, los países de la Comunidad para el Desarrollo de África Austral (SADC, por sus siglas en inglés) “condenaron los ataques terroristas en los términos más enérgicos; y afirmaron que no se puede permitir que estos atroces ataques continúen sin una respuesta regional proporcionada ”. La SADC envió una “misión técnica” a Mozambique que recomendó el despliegue de 3,000 soldados de la región.

Gran parte de esta atención reciente sobre Cabo Delgado fue alimentada por las afirmaciones del vínculo de los grupos de oposición con el grupo Estado Islámico (EI) y el asesinato de extranjeros en el ataque a Palma. Aunque el conflicto se desarrolla desde 2017, ha recibido muy poca atención política de los gobiernos regionales u organizaciones internacionales, excepto aquellos interesados ​​en las reservas de gas de Mozambique o los contratos militares privados.

Se ha prestado mucha menos atención al creciente número de personas desplazadas – ahora más de 700,000 – y a la crítica crisis humanitaria que enfrenta la provincia.

Puede que Cabo Delgado no sea un conflicto olvidado, pero ciertamente es una crisis humanitaria desatendida. Y ahora, con la atención de la región de la SADC y los patrocinadores internacionales del gobierno de Mozambique centrada casi exclusivamente en la 'lucha contra el terrorismo', las soluciones que se proponen pueden pasar por alto una vez más la urgente necesidad de salvar vidas y aliviar el sufrimiento de decenas de comunidades afectadas por el conflicto.

Cientos de miles de personas han huido de la violencia y la inseguridad y han terminado viviendo en campamentos superpoblados o siendo acogidos por comunidades locales con recursos ya limitados. La gente ha experimentado un trauma significativo: un esposo decapitado, una esposa secuestrada, un hijo o una hija de quienes no tienen noticias. Muchos caminan durante días para encontrar seguridad después de esconderse en el monte, a menudo sin comida ni agua. Otros permanecen en lugares donde las organizaciones humanitarias no pueden llegar debido a la inseguridad constante.

Si bien las razones de este conflicto pueden ser multifacéticas y complejas, las consecuencias de la violencia son sorprendentemente simples: miedo, inseguridad y falta de acceso a las necesidades básicas de sobrevivencia, incluidos alimentos, agua, refugio y atención médica urgente.

Mientras tanto, se imponen restricciones importantes a la ampliación de la respuesta humanitaria debido a la inseguridad constante y los obstáculos burocráticos que impiden la importación de ciertos suministros y la expedición de visas para trabajadores humanitarios adicionales. Habiendo regresado recientemente de Cabo Delgado, he visto de primera mano cómo la escala de la respuesta humanitaria de ninguna manera coincide con la escala de las necesidades.

Lo que parece que va a aumentar es la operación antiterrorista fundada a nivel regional y financiada internacionalmente que podría afectar aún más a las personas que ya son vulnerables. En muchos conflictos, desde Siria hasta Irak y Afganistán, he visto cómo las operaciones antiterroristas pueden generar necesidades humanitarias adicionales al tiempo que limitan la capacidad de respuesta de los trabajadores humanitarios.

En primer lugar, al designar a un grupo como 'terroristas', a menudo vemos que los grupos en cuestión son empujados más a la clandestinidad, lo que hace más complejo el diálogo con ellos para el acceso humanitario. Mientras que los estados pueden afirmar que “no negocian con terroristas”, los trabajadores humanitarios se ven obligados a brindar ayuda humanitaria de manera imparcial y a negociar con cualquier grupo que controle un territorio o que pueda perjudicar a nuestros pacientes y personal.

Muchas organizaciones de ayuda evitan esto en lugares donde un grupo ha sido designado como “terrorista” por temor a infringir la legislación antiterrorista. Para Médicos Sin Fronteras (MSF), brindar una atención médica imparcial con éxito requiere reservar un espacio para el diálogo y generar confianza en el hecho de que nuestra presencia en un conflicto tiene como único propósito salvar vidas y aliviar el sufrimiento.

Sin embargo, las operaciones antiterroristas intentan poner las actividades humanitarias bajo el control total del Estado y las coaliciones militares que las apoyan. La ayuda se niega, facilita o proporciona con el fin de aumentar la credibilidad del gobierno, ganarse el corazón y la mente de los militares que intervienen o castigar a las comunidades acusadas de simpatizar con un grupo de oposición. Los más vulnerables a menudo pueden caer en las grietas de este enfoque, por lo que organizaciones como MSF deben poder trabajar de forma independiente.

La razón por la que los trabajadores humanitarios no pueden alinearse con un Estado y sus patrocinadores militares es que a menudo los estados y sus afiliados son objetivos claros de los grupos armados de oposición. Estar alineado con un Estado que está librando una guerra contra el terrorismo reduciría nuestra capacidad de llegar a las comunidades más vulnerables para ofrecer atención médica.

En MSF sabemos que esto puede llegar en un momento en el que más se nos necesita. En las guerras antiterroristas en todo el mundo, a menudo vemos que las víctimas civiles se justifican debido a la presencia de "terroristas" entre la población civil. Comunidades enteras pueden considerarse "hostiles", lo que lleva a una relajación de las reglas de enfrentamiento de las fuerzas de combate.

En estas situaciones hemos visto hospitales destruidos y pueblos enteros arrasados ​​en ataques que no distinguen entre objetivos militares y civiles. Las comunidades a menudo están atrapadas entre la violencia indiscriminada de los grupos armados y la respuesta antiterrorista del Estado.

El enfoque actual en el "terrorismo" claramente sirve a los intereses políticos y económicos de quienes intervienen en Mozambique. Sin embargo, no debe hacerse a expensas de salvar vidas y aliviar el inmenso sufrimiento que enfrentan las personas de Cabo Delgado.