El recrudecimiento del conflicto en Colombia deja a decenas de miles de personas sin asistencia esencial

Médicos Sin Fronteras (MSF) hemos reforzado en las últimas semanas la provisión de asistencia en zonas golpeadas por la mayor intensificación en años del conflicto en Colombia, donde decenas de miles de personas se hallan actualmente atrapadas en al menos 11 focos activos de violencia, según las autoridades. Ante la exacerbación de las necesidades humanitarias, instamos a las entidades estatales y otras organizaciones humanitarias a llegar a comunidades aisladas donde el acceso a servicios básicos como la salud se ha visto impactado, y a los actores armados a que protejan a las estructuras médicas y a los trabajadores humanitarios.

“Estamos muy preocupados por el impacto que el recrudecimiento del conflicto en Colombia está teniendo sobre decenas de miles de personas en varias regiones del país”, afirma Francisco Otero, coordinador general de Médicos Sin Fronteras en Colombia. “Nuestros equipos están proporcionando asistencia médica humanitaria esencial a comunidades aisladas y vulnerables en zonas de muy difícil acceso para organizaciones humanitarias, y con poca presencia del Estado”.

A partir de la segunda semana de febrero, los equipos de MSF iniciaron una respuesta de emergencia en zonas rurales de la región nororiental de Catatumbo, donde en enero más de 50,000 personas tuvieron que abandonar sus hogares, en el mayor desplazamiento masivo de población en décadas, y muchas de las que permanecieron tienen ahora restricciones de movilidad impuestas. En marzo iniciamos un proyecto en el departamento de Arauca, también fronterizo con Venezuela.

Emergencia en Catatumbo

A mediados de enero, la ruptura de un pacto de no agresión entre dos grupos armados no estatales generó una escalada de violencia en Catatumbo que ha dejado al menos 98 muertos y unas 77,000 personas afectadas, entre desplazados y confinados, según las autoridades estatales. Las Fuerzas Militares colombianas también han lanzado varias ofensivas en la región.

Equipos de MSF gestionan clínicas móviles en zonas rurales donde hay restricciones de movimiento, tanto para que la población salga en busca de recursos y servicios, como para el ingreso de la mayoría de las entidades oficiales y organizaciones humanitarias. MSF somos una de las pocas organizaciones que obtuvo acceso por las partes en conflicto a zonas de amplia afectación por confinamiento.

Entre el 10 de febrero y el 15 de marzo, los equipos de MSF en el país realizaron cerca de 1,200 consultas médicas en áreas rurales de Ábrego, Teorama y Tibú, incluyendo 933 en salud primaria, 112 en salud mental. Adicionalmente, 472 personas participaron en actividades grupales de salud mental.

“Hemos notado un deterioro en la salud de la población, desde niños y niñas con síntomas de desnutrición a pacientes crónicos, con hipertensión o diabetes, que han visto interrumpido su tratamiento”, explica la doctora Altair Saavedra, coordinadora médica de MSF en Colombia. “La mayoría de las mujeres gestantes que vimos en consulta no habían iniciado controles prenatales, independientemente de la edad gestacional. Algunos pacientes presentaban cuadros psicológicos severos causados por la incertidumbre ante el desarrollo del conflicto”.

Además, MSF ha evidenciado el cierre o la suspensión de actividades en al menos cuatro puestos de salud primaria debido a la intensificación de la violencia en la región.

Nuevo proyecto en Arauca

En el departamento de Arauca, varios grupos armados no estatales se disputan el control del territorio. En la primera semana de marzo MSF inició un proyecto que se enfoca en poblaciones vulnerables con limitaciones de acceso a salud: en la zona urbana, migrantes venezolanos, colombianos retornados, población desplazada y grupos indígenas vulnerables; y en la zona rural, comunidades afectadas por el conflicto armado.

“Nos centramos en salud sexual y reproductiva, atención integral a sobrevivientes de violencia sexual, consultas de salud mental, atención prioritaria a menores de 5 años, apoyo a estructuras de primer nivel y fortalecer la capacidad técnica del personal sanitario. También haremos actividades de agua y saneamiento”, dice Alejandro Matos, coordinador de MSF en Arauca.

Entre el 3 y el 14 de marzo, el equipo realizó 281 consultas médicas y 30 de atención psicológica individual en los asentamientos de Jerusalén, Brisas del Puente y Clarinetero, en Arauca capital. Además, 116 personas participaron en sesiones grupales de salud mental.

La agudización del conflicto en Colombia

Siete décadas de conflicto han llevado a Colombia a ser uno de los países con mayor número de desplazados internos del planeta, con un registro histórico de casi nueve millones. En la última década nunca se había superado la cifra anual de 70,000 nuevos desplazados por violencia, pero en 2024 el país registró 160,000 según las autoridades. Esta es la cifra anual más alta desde la firma en 2016 del acuerdo de paz entre el Estado y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Pese a los intentos de negociación entre el Gobierno y la mayoría de los grupos armados no estatales, la Defensoría del Pueblo ha señalado que hay al menos once focos de emergencia humanitaria, sobre todo en regiones junto al Pacífico y la frontera con Venezuela. “Como organización que guía su acción bajo los principios de neutralidad, imparcialidad e independencia, pedimos a todas las partes en conflicto un acceso seguro a zonas golpeadas por la violencia donde se están registrando necesidades humanitarias no atendidas”, afirma Otero.

Colombia, además, era el mayor receptor de fondos de USAID en América Latina. En 2024, Estados Unidos aportó cerca del 68% de los recursos para la respuesta humanitaria gestionada por cooperantes en el país, pero en 2025 decenas de organizaciones y agencias de Naciones Unidas ya se han visto impactadas por recortes. Solo a nivel de salud más de 183,000 personas perdieron acceso a asistencia y 683,000 están en riesgo de verse afectadas según el equipo de organizaciones humanitarias de salud.

“Frente al aumento de las necesidades por la agudización del conflicto, urgimos a las entidades estatales y otras organizaciones humanitarias a llegar a comunidades donde el acceso a servicios básicos como la salud se ha visto impactado, y a las partes en conflicto a que protejan de la violencia a las estructuras médicas y trabajadores humanitarios”, concluye Otero.