Esperar y sufrir: la vida de las personas solicitantes de asilo en un campamento al aire libre en el norte de México

 

Con la mano que tiene sana, Sonia* empuja la puerta de vidrio de la oficina de atención al migrante. Luego ingresa cojeando y le dice al primer funcionario que se encuentra que necesita llamar a Estados Unidos. Este le señala un teléfono libre y le indica el código que tiene que marcar para que la llamada funcione. Ella cojea hasta el escritorio donde reposa el aparato y agarra la bocina temblando. Se la pone en la mano que tiene resentida, y con la otra empieza a teclear los números que tiene anotados en su celular. Uno, dos intentos…

 

 

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Es viernes de finales de agosto de 2021. Sonia acaba de ser expulsada de Estados Unidos a través del puente internacional que atraviesa el Río Bravo para unir a Hidalgo, Texas, con Reynosa, una caliente y peligrosa ciudad del noreste de México. Frente a la oficina donde Sonia pide auxilio, y apenas a unos 100 metros del paso fronterizo, está la Plaza de la República: un lugar que en los últimos meses se ha convertido en un símbolo potente del fracaso de las políticas restrictivas que no disuaden la migración y la convierten en una tragedia humanitaria.

 

La Plaza de la República es un campamento al aire libre en el que más de 2,000 personas, en su mayoría de Honduras, El Salvador y Guatemala, sobreviven en condiciones deplorables tras ser expulsadas de Estados Unidos por cuenta del Título 42. Esta norma, establecida durante el gobierno Trump y mantenida por el actual gobierno de Biden, faculta a las autoridades de ese país a usar un supuesto riesgo de sanidad pública como argumento para negarles la protección que requieren. Aquí, mujeres, hombres, niñas, niños, personas LGTBIQ+ y adultos mayores; sanos y enfermos, con compañía o sin ella; permanecen hacinados indefinidamente en carpas de campaña, expuestos a un calor inclemente que por estas fechas puede alcanzar los 40 grados centígrados (104° F). 

 

 

 

 

En este lugar hay apenas 18 sanitarios públicos disponibles, o sea uno por cada 110 personas, aproximadamente. Quien quiera bañarse o lavar la ropa debe pagar 10 pesos mexicanos (medio dólar) para usar las duchas y los fregaderos por máximo 10 minutos. En este campamento la privacidad es apenas un buen recuerdo, la sana distancia -tan urgente en medio de una pandemia- es una quimera y la sombra de los árboles para resguardarse del calor es un privilegio por el que hay que estar dispuesto a madrugar para llegar antes que los demás.

 

“Y todo estaría mucho peor si no fuera por la sociedad civil que ha provisto agua potable, sanitarios, ropa, alimentos, colchonetas, carpas, medicina y consultas médicas; tratando de aliviar el sufrimiento de estas personas”, explica Anayeli Flores, responsable de asuntos humanitarios de Médicos Sin Fronteras (MSF), una de las organizaciones que brinda asistencia a la población atrapada en este campamento.

 

“Ni el gobierno mexicano ni estadounidense brindan apoyo, pese a que sus políticas restrictivas son las que condenan a las personas migrantes a estas condiciones de vulnerabilidad, violando el derecho internacional a solicitar refugio. El resultado es lo que estamos viendo: una grave situación humanitaria en este momento”, complementa.

 

Flores recuerda que el campamento comenzó a formarse en marzo, cuando el ritmo de las expulsiones de personas migrantes desde Estados Unidos, a través del Título 42, superó la capacidad de los únicos dos albergues para migrantes que existen en la ciudad para recibirlas. Como para la mayoría de ellas devolverse a su país de origen no es una opción ya que su vida, integridad y libertad corren peligro; optaron por quedarse en este parque a la espera de que se abriera un cupo en alguno de los albergues o, mejor aún, que se suspendieran las expulsiones y se les brindara la oportunidad de presentar su caso en territorio estadounidense, buscando el asilo que tanto anhelan.

 

Pero el ritmo de las aprobaciones de asilo (y por consiguiente de la apertura de espacios en los albergues) es inevitablemente mucho más lento que el de las expulsiones. “Con la asesoría legal se logra que aprueben algunas solicitudes de asilo, pero no la cantidad que se necesitaría teniendo en cuenta el número de personas que están llegando a Reynosa cada día”, cuenta el pastor Héctor, un líder cristiano que dirige desde hace 17 años el albergue Senda de Vida en Reynosa.

 

“Tan solo en julio llegaron 959 personas nuevas al campamento”, afirma Mireya* luego de verificar la cifra en el cuaderno en el que lleva a mano ese registro informal. “Es que nos organizamos con un grupo de personas para poder llevar un mejor control, compartir con los recién llegados unas orientaciones básicas y lograr que la convivencia sea más llevadera”, explica esta mujer salvadoreña que llegó al campamento a finales de junio con sus dos hijos y su esposo “huyendo de las amenazas y de las extorsiones en mi país”.

 

 

 

 

Bajo la sombra de un árbol que encuentra cerca de la plaza para escapar por un momento del intenso calor, Mireya cuenta que la estadía en el campamento ha sido difícil para ella y su familia. “Atravesando México nos asaltaron y nos quitaron lo poco que teníamos. Acá nos ha tocado muy duro. Cuando llegamos a Reynosa no había espacio en los albergues, entonces nos tocó quedarnos acá en la plaza y dormir con los niños en el suelo, los primeros días sin carpa siquiera. Gracias a Dios hoy por lo menos ya tenemos una carpita…”

 

 

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De regreso a la plaza, Mireya se encuentra con Martin*, un joven salvadoreño que fue secuestrado en pleno puente internacional, cuando acababa de ser expulsado de los Estados Unidos. Mireya le pregunta si está dispuesto a contar su testimonio, y él acepta con la única condición de mantener en secreto el nombre de la persona que lo trajo hasta aquí. Una vez aceptada esa petición, Martin comienza su relato:

 

“Mi idea nunca fue salir de mi país. Yo vivía tranquilo porque tenía mi negocio, vendía cosas ahí en mi colonia y con eso me sostenía sin problemas. Pero todo cambió cuando abusaron de mí por mi condición. Yo soy de la comunidad LGBTIQ, soy gay. Y en mi país sufrí esa discriminación y esa violencia. Entonces en ese momento no me quedó más remedio que tomar los ahorros que tenía e intentar huir hacia un lugar más liberal, donde no te hagan a un lado, donde no te vean mal.

 

Así fue como contacté con una persona que me dijo que me iba a ayudar a cruzar ilegalmente hacia Estados Unidos. El trato era que me ayudaban a cruzar tres veces y si no lo lograba, yo quedaba ya por mi cuenta. Salí el cinco de marzo de El Salvador. El viaje hasta Monterrey me resultó fácil, pero de ahí en adelante todo se dio vuelta. Me retornaron a Reynosa las tres veces que intenté cruzar. Luego en la última me secuestraron cuando apenas estaba saliendo del puente. Una persona me dijo que me podía ayudar, me hizo montar en un carro y me llevaron a una casa donde me encerraron por varios días.

 

Un día que nos sacaron de ahí aprovechamos un descuido de los secuestradores y nos escapamos con otro chavo que también había estado retornado en Reynosa. Logramos llegar a una carretera y nos montamos en el primer autobús que pasó, que nos llevó hasta Monterrey. Con un billete de 500 pesos que el chavo había podido esconder compramos algo de comida y nos limpiamos un poco. Ahí me enteré por Facebook que, en vez de volver a intentar cruzar ilegalmente, podía pedir asilo en Estados Unidos para llegar allá haciendo las cosas bien. Entonces volví a Reynosa y pues acá estoy desde hace seis días.

 

El proceso de estar en el campamento no ha sido nada cómodo, es bien difícil la situación que acá se vive, porque todos viven en casas de campaña y yo no tengo todavía, entonces me toca dormir donde haya espacio. Además de eso, son muchas las necesidades. Por ejemplo, el agua es un líquido muy vital para los humanos, pero acá se cuenta con muy poca para la cantidad de personas que hay en este momento. Las condiciones no son las más considerables para nosotros. Uno hace el esfuerzo de soportar esto para ver un resultado positivo, primeramente Dios.

 

Para mi México no es una opción. Además del secuestro, acá en Reynosa también he sufrido intentos de abuso. Ahora no salgo a ninguna parte porque el único lugar donde me siento seguro es dentro de la plaza. Con la orientación de otras personas inicié el proceso de solicitud de asilo y estoy esperando a ver qué nos depara el futuro de ahora en adelante. Acá le dicen a uno que tenga paciencia, porque la paciencia es lo único que nos puede sostener. Solo espero que haya un resultado positivo y si no, también le daré gracias a Dios porque me tiene con vida y salud”.

 

 

 

 

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Lo que ocurre en la plaza de Reynosa es apenas una muestra de la grave situación humanitaria que sufren las poblaciones migrantes en el borde norte de México. En este mismo instante, otras 2,000 personas permanecen en iguales o peores condiciones en el campamento de Tijuana, y en otras ciudades fronterizas como ciudad Acuña se empiezan a levantar nuevos asentamientos. El gobierno de Biden está lejos de cumplir las expectativas de aliviar la crisis migratoria que se generaron con su elección. Y del lado mexicano es visible la falta de respuesta, e incluso la negligencia de las entidades encargadas de atender el fenómeno.

 

La situación se agudiza cada vez más. En los últimos días, la Corte Suprema de Estados Unidos le ordena al gobierno que restablezca de inmediato el Protocolo de Protección Migrante, conocido como “Quédate en México”, que exige a los y las solicitantes de asilo que permanezcan en territorio mexicano mientras se definen sus procesos legales en ese país. En su decisión, el máximo órgano judicial estadounidense omitió el impacto catastrófico que esta política tuvo sobre más de 70,000 personas migrantes que fueron expulsados bajo este protocolo a ciudades fronterizas mexicanas, obligados a esperar pésimas condiciones de vida y expuestos a las redes criminales que dominan esas regiones.

 

Por si fuera poco, el gobierno de Estados Unidos le pide al de México que despeje los campamentos informales que se han levantado en Reynosa y Tijuana, debido a que “suponen un riesgo para la seguridad porque atraen a bandas de narcotraficantes que desean captar a los inmigrantes a sus filas”. Estas dos medidas recientes llevan a una triste conclusión: esta crisis permanente no tendrá solución mientras en los grandes salones del poder se sigan tomando decisiones que condenan a las personas migrantes a esperar y a sufrir.