He sido investigado durante siete años por cumplir con mi deber: salvar vidas en el mar

Relato de nuestro compañero Tommaso Fabbri, tras el sobreseimiento del caso que nos acusaba, junto a otras ONG, de complicidad con la “inmigración ilegal” en el mar Mediterráneo.

Rescate del Geo Barents, 16 de marzo de 2024
Rescate del Geo Barents, 16 de marzo de 2024. © MSF/Stefan Pejovic

Por Tommaso Fabbri, ex coordinador general para operaciones de búsqueda y rescate de Médicos Sin Fronteras, involucrado en el caso:

“Recuerdo vívidamente aquella noche. Estábamos en medio del Mediterráneo. No se veía nada. El cielo y el mar formaban un lienzo negro. Entonces, en medio de la oscuridad, los vimos: unas 100 personas, hacinadas peligrosamente en un bote de goma con capacidad para no más de 20. Algunas personas caían por la borda, aferrándose a los costados. Detrás de ellos aparecía otra embarcación, y luego otra.

Eso fue en 2016, cuando fui miembro de un equipo médico humanitario a bordo de un buque de búsqueda y rescate de Médicos Sin Fronteras. Habíamos recibido una llamada de socorro del Centro de Coordinación y Salvamento Marítimo italiano, en la que se nos ordenaba socorrer a varias embarcaciones. A las 11 de la mañana del día siguiente, el equipo de MSF había rescatado a más de 1,100 personas.

Aún recuerdo claramente la experiencia: la expectación mientras buscábamos las embarcaciones a la deriva, la adrenalina del equipo durante el rescate, la eficacia con la que todo el mundo entraba en acción mientras subíamos rápidamente a las personas a bordo, evaluamos su estado de salud y atendimos sus necesidades médicas. Después de cada rescate, hablábamos con las personas a bordo, escuchábamos sus historias sobre los horrores sufridos en Libia. El terror de su huida en embarcaciones innavegables y el atisbo de esperanza de llegar a un lugar donde la vida sólo puede ser mejor.

249 personas se recuperan a bordo del Geo Barents de MSF
249 personas se recuperan lentamente a bordo de Geo Barents tras ser rescatados por equipos de MSF. 18 de marzo de 2024. © MSF/Stefan Pejovic

 

Llevo trabajando en el ámbito humanitario desde 2005. Empecé en MSF como farmacéutico antes de asumir diversas funciones, como la de coordinador de emergencias, por todo el mundo.

Al echar un vistazo a la cubierta del barco, en la que se hacinaban estas 1,100 personas, veías los gestos de dolor en el rostro de quienes aún sufrían los efectos de la deshidratación. Te topabas con cuerpos con quemaduras recientes provocadas por el combustible o que llevaban consigo, en forma de cicatrices del terrible recuerdo de las torturas sufridas. Sin embargo, lo que también veías es que todas ellas estaban aliviadas por haber sido rescatadas, por estar vivas. Por eso, en aquel momento, supe que estaba exactamente donde tenía que estar.

Avanzamos rápidamente hasta 2021, el segundo y angustioso año de la pandemia de la COVID-19. Estaba gestionando programas de tratamiento de COVID-19 para personas mayores vulnerables cuando recibí una llamada inesperada.

La policía me estaba buscando.

Sentí como si el mundo se hubiera vuelto del revés. Estaba siendo investigado por mi participación en operaciones de búsqueda y rescate, concretamente a bordo del buque de MSF Vos Prudence, en 2017. En ese momento, el Gobierno italiano, los partidos políticos y los representantes institucionales habían estado acusando injustamente a las ONG de búsqueda y rescate de instigar la migración ilegal en el mar Mediterráneo. Sin embargo, nunca había imaginado que me acusarían a título personal simplemente por hacer mi trabajo.

Pronto supe que no era el único. El caso presentado por las autoridades italianas implicaba también a personas de otras dos ONG. De ser declarados culpables, cada uno de nosotros podría enfrentarse a una pena de hasta 20 años de prisión. Intenté mantener la calma a pesar de la amenaza que suponía esta situación. No me preocupaba que mi reputación personal o la de MSF estuvieran en riesgo, pues tenía claro que siempre habíamos trabajado de forma transparente y sabía que habíamos coordinado nuestras actividades con la Guardia Costera italiana, la policía militar y las autoridades.

Sin embargo, me ha sido más difícil deshacerme de mi preocupación por las implicaciones más amplias del caso. Es decir, el impacto potencial en las operaciones de búsqueda y rescate en curso y, lo que es más importante, lo que significaría para las personas que necesitan seguridad y protección.

Desembarco de 249 sobrevivientes a bordo del Geo Barents
Desembarco de 249 sobrevivientes a bordo del Geo Barents en Marina Di Carrara, en el norte de Italia. 20 de marzo de 2024. © MSF/Stefan Pejovic

 

Seguí de cerca el curso de los acontecimientos, incluso mientras trabajaba en otros proyectos. Italia y la Unión Europea (UE) hicieron tratos con otros países para impedir que la gente llegara a territorio europeo. Por ejemplo, apoyaron a Libia, que restringió la navegación a 70 millas de su costa. Esta medida dejó embarcaciones de goma no aptas para navegar a la deriva, porque se quedaban sin combustible.

Cuando se rescata a las personas, nuestros equipos suelen constatar que la falta de suministros, de alimentos y de agua, así como la sobreexposición a las duras condiciones meteorológicas a la que han estado sometidos, hace que su estado físico empeore gravemente. Aquellos acuerdos del Gobierno de Italia y de la UE con terceros países hicieron que el imperativo humanitario de salvar vidas quedase supeditado al intento de frenar la migración a cualquier precio. Y esto, hoy en día, continúa siendo así.

Un reciente decreto italiano prohibió a los barcos rescatar a sobrevivientes que vinieran en distintas embarcaciones. Cuando realicen un rescate, tienen que ir directamente a puerto, generalmente a puertos muy lejanos del lugar donde se produce el rescate. Ambas (la de limitar el número de rescates y la de asignar puertos lejanos) son políticas que mantienen a los barcos de búsqueda y rescate lejos de donde se les necesita, durante largos periodos de tiempo. Mientras tanto, los trabajadores humanitarios y las ONG siguen sufriendo la criminalización y las acusaciones de favorecer la migración irregular.

Las embarcaciones de búsqueda y rescate humanitario son detenidas regularmente en los puertos italianos. El último ejemplo es muy reciente: el mes pasado, el barco de MSF, el Geo Barents, recibió una orden de detención de 20 días por parte de las autoridades italianas tras una operación de rescate que una patrulla libia intentó obstaculizar peligrosamente. Ha habido varios casos en los que incluso hemos sido disparados por parte de estas patrulleras libias.

No sabía qué esperar del caso que finalmente se ha desestimado hoy [19 de abril de 2024], pero empezó con una vista preliminar para determinar si el Gobierno italiano disponía de pruebas suficientes para el procesamiento. La vista duró 40 sesiones judiciales, más de dos años. Yo tuve que testificar en una de esas sesiones.

A lo largo de estos últimos siete años, todos los implicados en el caso hemos soportado el peso de las acusaciones por el simple hecho de cumplir con nuestro deber: rescatar a personas en peligro en el mar, con transparencia y cumpliendo las leyes. Durante estos siete años en el limbo, seguí trabajando con MSF, en proyectos en India, Bolivia y en proyectos de COVID-19 en Italia, Francia y México. El mes pasado regresé de un proyecto como coordinador de nuestras operaciones en Gaza.

Hoy se ha sobreseído la causa contra mí y los demás cooperantes. Sin embargo, durante los siete años que se ha tardado en llegar a esta decisión, el Gobierno italiano ha invertido enormes recursos en políticas que han tenido trágicas consecuencias. Erigieron barrera tras barrera a la acción humanitaria, al tiempo que no evitaban los naufragios ni establecían rutas legales y seguras para las personas que huían a través del Mediterráneo. La Organización Internacional para las Migraciones informó recientemente que 2,476 personas habían muerto o desaparecido mientras cruzaban el Mediterráneo en 2023. Eso supone más vidas perdidas en el Mediterráneo que en ningún otro año desde que se presentó la denuncia.

A pesar de los retos que plantea este caso y de los muchos obstáculos que hemos tenido que sortear, los equipos de MSF no han dejado nunca de hacer labores de búsqueda y rescate en el Mediterráneo.

Por ello, quiero decir algo bien alto y claro: salvar vidas no es un delito. Es una obligación moral y legal, un acto fundamental de humanidad. Espero que el resultado de este caso sirva para enviar un mensaje firme a cualquier gobierno: ¡dejen de criminalizar la solidaridad!

Como trabajadores humanitarios debemos persistir en nuestro trabajo allí donde sea necesario. Ya sea en zonas de conflicto, en epidemias o para evitar muertes y sufrimientos inaceptables en el mar Mediterráneo”.

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