Honduras no es un lugar seguro para alguien que busca protección

 

Por José Antonio Silva, coordinador de proyecto de MSF en Tegucigalpa

 

El acuerdo entre Estados Unidos y Honduras, que obliga a este último a retener a los migrantes referidos, va en contra de los derechos de las personas vulneradas. Hablar de seguridad en un país como Honduras es una contradicción.

La idea del “Acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos de América y el gobierno de la República de Honduras para la Cooperación en el Examen de las Reclamaciones de Protección” es una estrategia para reclutar gobiernos en la región a que asuman las responsabilidades de asilo y protección de los Estados Unidos. Este documento, en pocas palabras, busca retener en un país -que en 2018 tuvo un promedio diario de 10,05 homicidios, según la SEPOL – a migrantes procedentes de Cuba, Nicaragua, Sudamérica y otros países trasatlánticos. 

 

 

Resulta absurdo preguntarse ¿cómo garantizarles la vida a migrantes en un lugar que en 2010 fue considerado como el país sin guerra más violento del mundo? Si bien, la tasa de homicidios ha mostrado algunas disminuciones en los últimos años, esta cifra aún duplica la tasa regional y quintuplica el promedio mundial. 

 

Es precisamente esta situación de violencia la que enmarca las actividades de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Honduras, que desde 2011 desarrolla un proyecto de atención humanitaria para dar atención médica, de salud mental y trabajo social a la población víctima de la violencia y sobreviviente de violencia sexual en la ciudad de Tegucigalpa. 

 

Entre 2016 hasta mediados de 2019, los equipos de MSF atendieron a 2.048 pacientes víctimas de violencia sexual. De estas personas, el 70% son sobrevivientes de violación y de este porcentaje, el 51% son menores de edad. En este mismo periodo, MSF realizó un total de 10.309 consultas de salud mental a 4.942 pacientes que han sufrido violencia sexual u otras situaciones de violencia. Sus principales diagnósticos se asocian al estrés post-traumático (25.6%), la depresión (23.5%) y la ansiedad (16.7%). 

 

Es evidente que el país centroamericano no tiene la capacidad de garantizarles seguridad física, salud y alimentación a los migrantes, teniendo en cuenta que difícilmente lo puede hacer con sus propios ciudadanos. Tampoco tiene la capacidad económica ni las condiciones físicas para albergar y atender por tiempo indefinido a extranjeros que ingresen a su país en su ruta hacia EEUU. 

 

Precisamente por su extrema violencia y debilidad institucional, Honduras ha sido un país expulsor. La situación ha empuja a miles de personas a movilizarse de manera forzada dentro y fuera de Honduras.  Según OCHA-RELAC, entre 2014 y 2017 el incremento de personas que se desplazaron a causa de la violencia fue casi siete veces más. De un registro de 29.000 (2014) pasó a uno de 190.000 (2017). 

 

El fenómeno de las caravanas demuestra que las personas buscan salir de Honduras como sea. Según la encuesta de ACNUR, entre 12.000 y 14.000 migraron en las caravanas de octubre de 2018 hacia Estados Unidos. Aproximadamente el 75% eran de nacionalidad hondureña (otras de El Salvador y Guatemala). Y del total de estas, el 63% afirmó que su motivación para migrar estuvo relacionada con situaciones de violencia directa (amenazas, reclutamiento forzado, asesinato de familiares, entre otras).

 

 

 

 

El desplazamiento interno no se queda atrás. Entre 2004 y 2019, un aproximado de 247.000 personas tuvieron que movilizarse de manera forzada por causas asociadas a la violencia. Este fenómeno se ha agudizado en los últimos cinco años, según la Comisión Interinstitucional para la Protección de Personas Desplazadas por la Violencia .

 

En este contexto de violencia estructural, un acuerdo como el que propuso Estados Unidos viola los derechos de las víctimas de la violencia y las expone de nuevo a situaciones de peligros que podrían costarles la vida. Honduras, en definitiva, no es un lugar seguro para alguien que busca protección.