La atención médica en la línea de fuego

Peter Maurer, presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y Unni Karunakara, presidente Internacional de Médicos Sin Fronteras (MSF).

Peter Maurer, presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y Unni Karunakara, presidente Internacional de Médicos Sin Fronteras (MSF).

Hombres armados en hospitales, pacientes acosados; instalaciones sanitarias utilizadas para identificar y capturar a los enemigos; clínicas abandonadas y hospitales destruidos. Servicios de urgencias colapsados donde el personal médico vive presa del miedo a represalias por haber proporcionado asistencia a un paciente; ambulancias que no pueden acceder a los heridos o quedan retenidas durante horas en controles de carretera; divisiones y resentimientos arraigados que deniegan la asistencia médica que necesitan a algunos grupos.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y Médicos Sin Fronteras (MSF) expresan su condena firme a cualquier acto que, deliberadamente, tenga por objetivo distorsionar el acto médico y denegar la atención sanitaria a los heridos y enfermos. Un paciente no puede ser un enemigo. Los enfermos y los heridos no son combatientes. La ética médica obliga a todos los trabajadores sanitarios a atender a todos los pacientes y a preservar la independencia del acto médico. El personal sanitario debe actuar de forma imparcial, priorizando la prestación de asistencia únicamente por motivos médicos. Para ello, los lugares donde trabajan, las ambulancias, las clínicas móviles, los puestos de salud y los hospitales deben ser espacios seguros y neutrales.

Sin embargo, desde Siria a la República Democrática del Congo, de Bahrain a Malí o Sudán, parece que esta imparcialidad no está siendo respetada. Y los civiles están pagando un precio muy alto, con miles de personas viéndose privadas de atención médica.

Desde finales de diciembre, 29 personas han perdido la vida mientras llevaban a cabo campañas de vacunación contra la polio en Nigeria y Pakistán, dos de los tres países donde la enfermedad sigue siendo endémica. Como en todos los demás casos de violencia contra instalaciones y trabajadores médicos, el drama que supone la muerte de las víctimas y el dolor de sus familias son sólo las consecuencias más directas de estos ataques. Miles de niños que tendrían que haber sido vacunados ahora han quedado expuestos a la polio y al riesgo de parálisis. Las organizaciones sanitarias se han visto obligadas a revisar sus actividades y a añadir cuestiones de seguridad a los retos que implica la prestación de asistencia en estas circunstancias.

La magnitud del problema es alarmante. La mayoría de los incidentes que, de una forma u otra, niega el derecho de los heridos y enfermos a la atención sanitaria pasan desapercibidos. Ocultas y fuera del alcance de los trabajadores sanitarios, gobiernos y organizaciones internacionales, muchas personas siguen padeciendo enfermedades y lesiones sin poder recurrir a la atención médica que necesitan.

MSF y el CICR pretenden sacar a la luz la magnitud y las consecuencias de la amenaza que supone para la atención sanitaria. El objetivo es producir cambios reales en el terreno para que las personas, quienesquiera que sean o dondequiera que estén, puedan acceder a la atención sanitaria que necesitan sin miedo.

El desempeño y el comportamiento de los propios trabajadores sanitarios – el personal implicado en la gestión, administración y transporte así como aquellos que se encargan del diagnóstico, la prevención y el tratamiento – son fundamentales. Afianzar la aceptación de su trabajo por parte de las comunidades y los grupos políticos y militares es un prerrequisito esencial para poder operar en contextos sensibles y volátiles. Esto requiere una demostración inequívoca del respeto por la ética médica y la imparcialidad.

Y hay casos, por ejemplo en lugares de Afganistán en los que trabajan nuestras organizaciones, donde hemos conseguido garantizar la seguridad para las instalaciones médicas y la provisión de atención sanitaria a los pacientes a pesar de un contexto de violencia brutal. Si queremos estar seguro de que estos casos no son destacables excepciones a la regla; si queremos fomentar entre todos los actores la responsabilidad de protección de la atención sanitaria, necesitamos un esfuerzo global concertado.

Los símbolos que indican claramente la presencia de servicios médicos, como la Cruz Roja y la Media Luna Roja o el distintivo de MSF, deben obligar a respetar y proteger la práctica médica. Cuando son explotados o ignorados, no importa la cantidad de sacos de arena que pongamos, éstos no conseguirán ofrecer protección a los pacientes ni a los trabajadores sanitarios.

El verdadero reto es, en primer lugar, encontrar formas de prevenir estos actos. La principal responsabilidad para impedir que se acose, obstaculice o maltrate a la asistencia médica radica en los estados y en todas las partes implicadas en el conflicto. Hay que ayudar a los trabajadores sanitarios a que cumplan con su deber médico, y los estados deben asegurar que se toman todas las medidas posibles para proteger la acción médica por medio de su legislación nacional y que estas medidas se implementan.

La protección de los enfermos y de los heridos reside en el corazón de las Convenciones de Ginebra, sin embargo la violencia – en todas sus formas – contra las instalaciones médicas y el personal sanitario representa, hoy por hoy, una de las cuestiones humanitarias más desatendidas. El acto médico beneficia a todo el mundo, combatientes y no combatientes, y cualquiera que lo necesite debe poder acceder a él, sin condiciones.