La extensión del Título 42 de la administración de Biden pone en peligro vidas e ignora la práctica de la salud pública

 

A lo largo de la ruta migratoria en México, MSF brinda atención médica y servicios de salud mental y ha documentado los peligros que enfrentan las personas expulsadas rápidamente a México bajo el Título 42. Las personas migrantes son enviadas de regreso a ciudades fronterizas peligrosas, donde a menudo no tienen acceso a refugio o servicios básicos. Corren un riesgo extremadamente alto de secuestro y violencia y son vulnerables a los grupos criminales. Muchas de las personas que MSF atiende en lugares cercanos a la frontera con Estados Unidos han huido de la violencia en sus países de origen o han sobrevivido a la violencia a lo largo de la ruta migratoria.

 

 

El Título 42 es una política cruel que explota las preocupaciones de salud pública en torno a la COVID-19 y trata a las personas que buscan protección como portadores de enfermedades. Llevamos más de un año en medio de esta pandemia, sabemos cómo protegernos contra este virus y tenemos vacunas que minimizan la transmisión, la enfermedad y la muerte. Es inaceptable que el gobierno de Estados Unidos diga que la renovación de esta política es el mejor camino a seguir.

 

Utilizando la orden del Título 42, el gobierno de Estados Unidos ha bloqueado y expulsado rápidamente a personas que buscan protección en la frontera de Estados Unidos desde marzo de 2020. La política niega a las familias y personas adultas el derecho a solicitar asilo y los deja vulnerables a la violencia en ciudades peligrosas a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Desde febrero, la administración de Biden ha llevado a cabo más de medio millón de expulsiones en virtud del Título 42.

 

Informes recientes de que un próximo plan para vacunar a las personas migrantes bajo custodia de Estados Unidos en la frontera sur excluirá a quienes fueron expulsados bajo el Título 42 resaltan aún más cómo esta orden no tiene nada que ver con salvaguardar la salud pública.

 

Al emplear medidas basadas en la evidencia, que incluyen vacunar y realizar pruebas a las personas solicitantes de asilo en la frontera, Estados Unidos es capaz de preservar simultáneamente protecciones fundamentales para los solicitantes de asilo y proteger la salud pública.

 

La administración Biden se comprometió a revocar las políticas dañinas y ampliar las vías de protección en Estados Unidos, pero en cambio ha optado por continuar instrumentalizando la pandemia de COVID-19 para administrar la frontera. La Administración de Biden debe rescindir el Título 42 e implementar medidas de salud pública comprobadas para reiniciar los procesos de las y los solicitantes de asilo en la frontera. La vida y el bienestar de miles de personas dependen de la derogación de esta política.