Las políticas migratorias inhumanas de Estados Unidos y México mantienen a 18,000 personas a la deriva en la frontera noreste

• Aunque la administración de Joe Biden había prometido eliminar el Título 42 a finales de 2022, lo que generó inmensas expectativas en las miles de personas migrantes en la región, las últimas decisiones van en sentido contrario. 
• Los equipos de Médicos Sin Fronteras en la frontera norte de México son testigos del sufrimiento causado por estas políticas inhumanas. 
• La organización exige una respuesta coordinada y con mayor involucramiento de las instancias federales, estatales y locales para atender estas emergencias. 

En los últimos años, la cantidad de personas que migran hacia Estados Unidos en busca de bienestar y seguridad ha alcanzado niveles inéditos. Hasta septiembre de 2022, agentes fronterizos de ese país aprehendieron a más de 2,2 millones de personas, la mitad de las cuales fueron rápidamente expulsadas hacia peligrosas ciudades mexicanas mediante el Título 42, una medida heredada del gobierno de Trump que viola el derecho internacional a solicitar asilo bajo una excusa de salud pública no sustentada. 

La aplicación de esta política ha causado una crisis humanitaria en ciudades del norte de México como Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo y Piedras Negras, entre otras. En esos lugares, las personas migrantes se enfrentan a condiciones climáticas extremas, falta de albergue, acceso insuficiente a alimentación y a servicios básicos de agua y saneamiento; lo que impacta negativamente su salud física y emocional.  

Aunque la administración de Joe Biden había prometido eliminar esta restricción a finales de 2022, lo que generó inmensas expectativas en las miles de personas migrantes que circulan por la región, las últimas decisiones van en sentido contrario: siguiendo una orden de la Corte Suprema de Justicia mantuvo indefinidamente la vigencia del Título 42, y en días posteriores amplió sus efectos a personas venezolanas, haitianas, nicaragüenses y cubanas, quienes antes no eran objeto de expulsión inmediata a México. 

Simultáneamente, el gobierno estadounidense anunció el programa de libertad condicional para personas de estas nacionalidades. Se trata de una iniciativa limitada y discriminatoria que no puede sustituir adecuadamente a la tramitación ordinaria del asilo en la frontera. Ampliar las vías seguras para migrantes y solicitantes de asilo es crucial, pero el acceso a la seguridad no debe depender de la nacionalidad de quienes la buscan, de sus vínculos con patrocinadores en Estados Unidos, de su capacidad para viajar en avión o de su situación legal en un tercer país. 

Mientras estas decisiones se toman en las grandes instancias del poder, la realidad de las personas migrantes en el terreno es angustiante. Los equipos de Médicos Sin Fronteras en la frontera norte de México son testigos del sufrimiento causado por estas políticas inhumanas y la persecución de las autoridades en lugares como Piedras Negras. El 2022 cerró con una ola gélida que mantuvo temperaturas bajo cero durante todo ese fin de semana, agravando las ya difíciles condiciones existentes para las cerca de 18,000 personas que actualmente esperan en la frontera norte. La gran mayoría de ellas enfrentaron estas temperaturas extremas sin más que una cobija, cartón, plástico o tiendas de campaña. 

A la par de las consultas médicas, de salud mental y soporte social, MSF ha realizado donaciones de cobijas y kits de higiene en distintos puntos de la frontera norte de México. Durante las actividades, los equipos de la organización han escuchado los duros testimonios de las personas que intentan sobrevivir en estas arduas condiciones. “Durante la atención una paciente me contó que en el campamento los niños no dejaron de llorar toda la noche, estaba muy frío y con nada se calentaban. Otra me dijo que había pensado que la selva del Darién era lo más cruel que había pasado hasta que le tocó soportar el frío nocturno bajo un puente”, cuenta Lourdes Ceballos, Gestora de actividades móviles de MSF en Matamoros.  

La situación actual y futura exige una respuesta coordinada y con mayor involucramiento de las instancias federales, estatales y locales para atender estas emergencias. Políticas como el Título 42 y acuerdos binacionales similares generan graves situaciones humanitarias en poblados y ciudades que no cuentan con los recursos necesarios para atender crisis de esta magnitud. En la práctica, la implementación de estas decisiones pone en riesgo la dignidad, bienestar y seguridad que han estado buscando las personas desde que huyeron de su lugar de origen.