México no es seguro para quienes huyen de la violencia

 

 

En definitiva, los presentes en los albergues temen por sus vidas en sus países de origen y temen por sus vidas estando en México. A todos estos temores, pueden añadir ahora el temor de que sus hijos menores les sean arrebatados al cruzar la frontera con Estados Unidos por las dudas sobre la vigencia de esta brutal medida o el temor a que no puedan obtener asilo a pesar de haber sido víctima de situaciones de violencia extrema por parte de las maras o haber sufrido abusos sexuales, según se desprende de las declaraciones del Fiscal General de Estados Unidos, Jeff Sessions. Por si fuera poco, existe el riesgo de que México y Estados Unidos formalicen las negociaciones para considerar a México como “tercer país seguro”.

 

Reconocer a México como “tercer país seguro” o impedir iniciar el trámite de asilo a las víctimas de violencia por pandillas, en Estados Unidos, constituiría un muro burocrático infranqueable que impediría a las personas que huyen de la violencia en Centroamérica obtener protección en Estados Unidos, obligándoles a quedarse en México. Como la opción de quedarse en México no es viable para la mayoría de ellos, muchos se verán obligados a transitar por rutas peligrosas a través del país, cruzar la frontera a Estados Unidos de forma irregular y enfrentar el peligro de ser deportados sin que el riesgo de perder su vida o ser abusado de nuevo sea tan siquiera considerado por las autoridades migratorias de Estados Unidos.

 

La imposibilidad de obtener la condición de asilado en Estados Unidos dejaría en situación de desprotección extrema a decenas de miles de personas que entran cada año a Estados Unidos huyendo de la violencia que asola los países de Centroamérica y podría implicar una violación del principio de “non refoulement” (no devolución) en lo que sin duda sería una vuelta de tuerca más a la crueldad institucional de las políticas migratorias instauradas por la administración Trump.

 

 

 

De las declaraciones de migrantes y refugiados en los albergues de Tenosique, Guadalajara, Reinosa o Coatzacoalcos, donde actualmente estamos trabajando, uno puede ver cuán descabellado es que México pueda ser considerado como país seguro para la población que huye de la violencia en Centroamérica.  En demasiadas ocasiones no lo es ni para sus propios ciudadanos, y lo es mucho menos para un colectivo vulnerable y expuesto a ser criminalizado, estigmatizado, victimizado, explotado y perseguido por las tramas criminales que operan en México, en ocasiones con la aquiescencia de las propias autoridades según los relatos de algunas de las víctimas.

 

No son sólo los migrantes los que hablan, nuestros números también: en 2017 MSF atendió a 6,560 pacientes, 5,059 fueron consultas médicas y 1,501 consultas psicológicas. El 90% de los atendidos por los psicólogos de MSF alegó haber sufrido violencia intencionada, bien en sus países de origen, en la ruta o en México. En el 2017 ya alertamos en el informe “Forzados a Huir del triángulo norte de Centroamérica: Una crisis Humanitaria olvidada” que un 68,3% de loa población migrante y refugiada procedente de El Salvador, Honduras o Guatemala aseguró haber sufrido violencia durante el tránsito a México.

 

Según cifras oficiales de ACNUR, 108,500 personas procedentes del llamado Triángulo Norte de Centroamérica (TNCA) han aplicado al estatus de asilado en Estados Unidos en el año 2017, mientras 8,700 han optado por realizar este proceso en México, lo que puede ser muestra de la desconfianza sobre la posibilidad de obtener la debida protección en México. Para muchos, con familiares ya radicados en Estados Unidos no es viable iniciar un proceso de asilo en México. Esta situación se convierte en especialmente dramática para los menores, tanto si viajan solos o acompañados.

 

En el momento que Estados Unidos haga efectiva la negativa de tramitar solicitudes de asilo para las personas que huyen de la violencia de las pandillas o México acepte el status de tercer país seguro bajo las presiones de Estados Unidos para negociar el TLCAN, la totalidad del territorio mexicano se convertirá en parte fundamental del muro que bloquea la salida de las personas que se ven forzadas a huir de la violencia. Un muro burocrático, físico y psicológico de consecuencias devastadoras para los que necesitan llegar a Estados Unidos para obtener protección y rehacer sus vidas.

 

MSF, como organización médica humanitaria que atiende a personas forzadas a huir que transitan por México, urge a ambos gobiernos a ambos países a adoptar las medidas para garantizar la atención en salud, el pasaje seguro y el reconocimiento de la condición de asilado o refugiado en Estados Unidos como aspectos clave para abordar esta crisis humanitaria olvidada. No podemos aceptar que los países desatiendan o negocien su responsabilidad hacia las personas cuya vida está en riesgo.