MSF urge a las autoridades de Honduras a aprobar el Protocolo de atención integral a víctimas y sobrevivientes de violencia sexual

 

En los últimos años, Honduras ha sido escenario de una violencia generalizada en la que las mujeres y los niños y niñas han sido gravemente afectadas, en particular por violencia sexual. Actualmente en el país centroamericano, miles de mujeres y niñas continúan sin acceso a la atención médica integral después de una violación o agresión sexual. Estas situaciones son parte de lo que Médicos Sin Fronteras (MSF) denomina como “emergencias invisibles”, debido a las limitaciones que encuentran las víctimas para acceder a atención integral por parte del sistema de salud.

 

MSF llevamos 10 años trabajando por la salud sexual y reproductiva de las mujeres en Honduras, y hemos visto que el vacío de acceso a los servicios de salud para las víctimas de violencia sexual podría reducirse si las autoridades de salud y el nuevo gobierno del país se comprometen a eliminar la prohibición de la PAE y, por consiguiente, a lograr la aprobación de un Protocolo de atención integral a víctimas y sobrevivientes de violencia sexual.

 

Esta es la principal conclusión de nuestro último reporte: Respuesta integral a víctimas y sobrevivientes de violencia sexual: una urgencia desatendida en Honduras. Pese a que el Protocolo ha sido diseñado como una importante herramienta para derribar las barreras de acceso y aliviar la emergencia médica que esto representa, este documento sigue pendiente de aprobación desde 2017. La razón es que incluye el uso de la PAE, un medicamento reconocido por la Organización Mundial de la Salud como parte de la lista esencial de medicamentos que se encuentra prohibido en el país desde 2009, bajo el acuerdo ministerial No. 2744/2009.

 

El protocolo en mención señala que para preservar la salud física y mental de la sobreviviente es importante determinar si la víctima ha quedado embarazada como resultado de la agresión sexual o si ya lo estaba antes de la misma. Si desde la agresión han transcurrido menos de cinco días y la víctima tiene criterios de riesgo de embarazo, se le debería de suministrar un método eficaz para la prevención de un embarazo. Sin embargo, cumplir con este procedimiento no es posible debido a la prohibición de la PAE.

 

“Actualmente en el país miles de mujeres y niñas continúan sin acceso a la atención médica integral después de una violación o agresión sexual. Con esto, las probabilidades de una infección de transmisión sexual (ITS), de un embarazo no deseado y afectaciones en la salud mental a largo plazo son altas. Se pretende que, a través del Protocolo, el sector salud establezca medidas para la reducción de las consecuencias de la agresión sexual y garantizar a las víctimas y sobrevivientes una atención de calidad que le ayude a restaurar y recuperar su salud física y emocional”, afirma Arielle Goubert, responsable de asuntos humanitarios de MSF en Honduras.

 

Desde hace más de 10 años, MSF en Honduras trabajamos en la atención de las consecuencias de la violencia y violencia sexual, facilitando servicios humanitarios, médicos y psicosociales a las personas sobrevivientes de manera confidencial en los circuitos que se ubican en el Hospital Escuela, el cetro de salud Alonso Suazo, el Centro Integrado de Los Dolores en Tegucigalpa, y en la Clínica Especializada “Puertas Abiertas” de San Pedro Sula y en la Clínica Periférica Materno Infantil de Choloma. Estos sitios estratégicos permiten a la organización hacer un acompañamiento dentro de las 72 horas prevenir el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) y otras ITS.

 

En este tiempo, en nuestros proyectos en Tegucigalpa y en Choloma atendimos 3,557 casos de violencia basada en género, 2,031 pacientes recibieron consulta médica, 3,362 pacientes recibieron consultas de salud mental, y 1,647 pacientes recibieron atención integral (consulta médica y psicológica).

 

MSF instamos a las autoridades sanitarias que se enfoquen y capaciten a los recursos humanos en la atención integral humanizada a las víctimas y sobrevivientes de violencia sexual en los circuitos de atención. “También es urgente luchar contra la estigmatización de las víctimas y sobrevivientes de violencia sexual, puesto que están en su derecho de buscar atención médica inmediata y que incluya la prevención del embarazo no deseado en casos que se requiera”, concluye Goubert.