Pese a la regularización de solicitantes de asilo en Estados Unidos, miles de personas migrantes continuarán sufriendo en México

Médicos Sin Fronteras (MSF) se congratula del proceso regulatorio de solicitantes de asilo iniciado en algunos puntos de la frontera Norte con Estados Unidos, entre ellos en el campamento de Matamoros (Tamaulipas), pero recuerda que son miles las personas migrantes y solicitantes de asilo, tanto en la frontera norte como en el resto de México, que siguen abandonadas a su suerte.

La organización médico-humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) se congratula del proceso regulatorio de solicitantes de asilo iniciado en algunos puntos de la frontera Norte con Estados Unidos, entre ellos en el campamento de Matamoros (Tamaulipas), pero recuerda que son miles las personas migrantes y solicitantes de asilo, tanto en la frontera norte como en el resto de México, que siguen abandonadas a su suerte.

El inicio del registro de la población del campamento de Matamoros, en el que MSF brinda servicios médicos integrales a centenares de familias que se instalaron en tiendas de campaña desde junio de 2019, es un primer paso en el restablecimiento de los principios de protección internacional. Sin embargo, son todavía miles los solicitantes de asilo que, bajo el Programa de Protección del Migrante (MPP), permanecen en ciudades fronterizas mexicanas y necesitan ser registradas urgentemente. Otras políticas, que permiten a Estados Unidos la deportación inmediata sin audiencia de asilo, contribuyen a una mayor vulnerabilidad de la población en tránsito.

Unas 25,000 personas solicitantes de asilo tienen casos activos bajo los Protocolos de Protección al Migrante, más conocidos como la política de Quedate en México, instituida por la administración Trump. Un complejo entramado de políticas migratorias sigue vigente y contribuye a aumentar la vulnerabilidad de las personas en movimiento. Como prioridad urgente, MSF pide a Estados Unidos que anule inmediatamente la orden emitida en virtud del Título 42 que permite la deportación de solicitantes de asilo sin audiencia por motivos de salud pública.

El campamento es el resultado de la falta de asistencia y protección que padecen las personas migrantes de forma generalizada en México. “Seguimos viendo criminalización masiva de migrantes, un incremento de redadas y detenciones, la falta de apoyo necesario a los albergues y la falta de asistencia a la salud en un momento especialmente crítico por la pandemia de la COVID-19”, explica Sergio Martín, coordinador general de MSF en México. “Aplaudimos el inicio del proceso de registro de solicitantes de asilo, pero son miles los que van a continuar sufriendo en la ruta si se mantienen las actuales medidas contra la población en tránsito”.

En ciudades como Reynosa, Coatzacoalcos o Piedras Negras, entre otras, las personas migrantes se ven obligadas a pernoctar en la calle, bajo puentes o hacinados en habitaciones alquiladas, mucho más vulnerables y expuestas a situaciones de violencia por parte de organizaciones criminales.

La pandemia de COVID-19, además, ha forzado a los albergues que tradicionalmente acogían a migrantes a revisar sus protocolos para poder continuar operando. No todos han logrado adaptarse por lo que actualmente la red de asistencia a la población migrante es mucho más frágil. "Es imprescindible que la red de albergues reciba el apoyo de las autoridades mexicanas y otras instituciones para volver a operar a su capacidad habitual y que los migrantes y solicitantes de asilo puedan acceder a ellos sin miedo a ser detenidos y deportados”, demanda Martín.

Los equipos de MSF han detectado un incremento en el número de migrantes desde el pasado mes de diciembre, asociado en particular a la devastación causada por los huracanes Eta e Iota, principalmente en Honduras. Este aumento de los migrantes en la frontera sur ha tenido su correspondiente aumento en la violencia a la que se enfrentan.

“México y los países Centroamericanos deberían de estar a la altura, armonizar sus políticas migratorias regionales y proteger a sus ciudadanos. En caso contrario, solo vamos a ser testigos de más muertes como las de Camargo, de más aprehensiones de gente en camiones atestados bajo peligro de asfixia, de más sufrimiento, miseria, tortura y violencia”, finaliza el coordinador general.

El Gobierno de México tiene responsabilidad de garantizar que las personas migrantes forzadas a salir de sus países a causa de la violencia o la inseguridad alimentaria no sean criminalizadas ni perseguidas en el país. MSF demanda a México y a los países de la región que establezcan políticas migratorias humanas, que garanticen la protección y asistencia humanitaria necesaria a la población en tránsito.

“Médicos Sin Fronteras (MSF) trabaja con personas migrantes y refugiadas en México desde 2012, quienes huyen de la violencia y la falta de oportunidades en sus países de origen. Actualmente, MSF trabaja para mejorar el acceso a la atención médica y psicológica de dichas personas a lo largo de la ruta migratoria en Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, Tamaulipas; Monterrey, Nuevo León; Piedras Negras, Coahuila; Ciudad de México, Coatzacoalcos y Tierra Blanca, Veracruz; Tenosique, Tabasco; Palenque, Chiapas.

En Reynosa, MSF también trabaja para ayudar a víctimas de la violencia así como en diferentes regiones del estado de Guerrero y Michoacán con comunidades que no tienen acceso a los servicios de salud debido a la violencia generalizada.