República Centroafricana: los continuos ataques contra la atención médica exponen a la población a enfermedades y muerte

 

“El reavivamiento del conflicto en RCA desde diciembre se ha cobrado un alto precio entre la población civil y la atención médica”, afirma Rhian Gastineau, jefa de misión de MSF. “Estamos muy preocupados por los repetidos ataques a pacientes, trabajadores médicos e instalaciones sanitarias”.

 

 

 

En los últimos seis meses, los equipos de MSF han visto decenas de centros de salud saqueados, dañados y ocupados por hombres armados. Las incursiones armadas en los hospitales han provocado que las y los pacientes sean objeto de violencia, abusos físicos, interrogatorios y detenciones. El personal médico local que trabaja en zonas rurales han sido amenazados y agredidos, y los conductores de motocicletas que reparten medicamentos esenciales y trasladan a pacientes enfermos y heridos al hospital han sido atacados, agredidos y asaltados a punta de pistola. Las partes del conflicto suelen atribuir estos actos de violencia a facciones no controladas de distintos grupos armados.

 

En febrero de este año, los enfrentamientos entre las fuerzas del Gobierno y los grupos armados no estatales dentro de un centro de salud apoyado por MSF en el campo de personas desplazadas de Elevage, cerca de Bambari, dejaron el edificio dañado tras ser alcanzado por un cohete. En junio, un centro de salud cercano fue destruido tras la expulsión de 8,500 personas desplazadas del lugar, y posteriormente fue incendiado.

 

Durante los últimos seis meses, los equipos móviles de MSF que trabajan en las prefecturas de Ouaka, Ouham-Pendé y Ombella-Mpoko han presenciado el saqueo y la destrucción parcial de múltiples centros de salud, así como el robo de paneles solares, material médico y colchones, y la vandalización de puertas y ventanas. 

 

En Bangui y otros lugares, varios grupos armados han entrado en instalaciones sanitarias gestionadas y financiadas por MSF para interrogar o detener a pacientes. En febrero, un grupo de hombres armados intentó acabar con la vida de un paciente en el hospital de Bouar, un centro que cuenta con el apoyo de MSF.

 

En mayo, cerca de la ciudad de Kabo, dos trabajadores comunitarios, formados por MSF para tratar enfermedades comunes como la diarrea, la malaria y la desnutrición en zonas remotas, resultaron heridos de bala en las piernas y la cabeza en asaltos armados, y otros dos trabajadores de MSF dejaron de prestar servicio por miedo a las amenazas de muerte. 

 

En junio, un convoy que transportaba pacientes al hospital de MSF en Batangafo sufrió una emboscada perpetrada por varios hombres armados. En ella, perdió la vida una mujer acompañante de un paciente y resultaron heridos un motociclista y dos pacientes. Ese mismo mes se produjeron otros dos ataques en las cercanías de Batangafo, y ataques similares cerca de Bossangoa y Bria. 

 

“Desde diciembre, circular por las afueras de las principales ciudades es extremadamente difícil y peligroso debido a los puestos de control, los robos y los ataques”, afirma Gisa Kohler, responsable adjunta de programas de MSF.  

 

A raíz de estos incidentes, MSF ha tenido que suspender temporalmente sus actividades médicas en varias ocasiones, entre ellas la prestación de atención médica vital, el suministro de medicamentos, la supervisión del personal de los centros de salud y el transporte de pacientes. “El hecho de vernos obligados a suspender nuestras actividades no hace más que aumentar la vulnerabilidad de la población y provocará la muerte evitable de niños y niñas de corta edad y mujeres que sufren complicaciones durante el embarazo y el parto, entre otros casos”, afirma Kohler.

 

En Paoua, Bria y otros lugares, la creciente inseguridad ha impedido a los equipos de MSF realizar visitas periódicas a los centros médicos periféricos a los que brindan apoyo. Esto tiene un profundo impacto sobre la calidad de la atención que se presta e interrumpe el suministro de medicamentos básicos.

 

Desde abril, MSF ha reducido las derivaciones de pacientes por medio de motocicletas desde las zonas rurales a Kabo debido a los riesgos que conllevan; como resultado, el número de pacientes derivados al mes ha disminuido a casi a la mitad. En junio, los trabajadores médicos locales de MSF que trabajan en algunas zonas de Kabo solo pudieron llevar a cabo una cuarta parte de las consultas semanales que realizan habitualmente debido a la situación de inseguridad.

 

“La suspensión y reducción de las actividades extramuros en numerosas zonas en las que trabajamos es muy preocupante, sobre todo durante la actual temporada de lluvias, que es cuando se disparan los casos de malaria y otras enfermedades potencialmente mortales”, afirma Kohler.

 

 

 

El aumento de la inseguridad ha provocado que muchas personas tengan miedo de salir de su casa para acudir a una consulta médica, y que muchos miembros del personal médico hayan huido de sus lugares de trabajo en busca de seguridad.

 

En ocasiones, la violencia ha provocado que un gran número de personas acuda a los recintos hospitalarios en busca de protección, lo que ha interrumpido los servicios de salud. A veces, como ocurrió en Kabo en el mes de julio, basta con que corra el rumor de un ataque para que se produzca un desplazamiento repentino de personas presas del pánico.

 

“Por desgracia, el impacto de la violencia sobre la atención médica en República Centroafricana no es un fenómeno nuevo”, afirma Gastineau. “Es un problema estructural en períodos de conflicto. La multiplicidad de grupos armados y los enfrentamientos continuos han generado una situación muy volátil, que también afecta a zonas que antes se consideraban relativamente estables, y limita aún más el acceso a la atención médica de una población que ya tiene dificultades para conseguir lo más básico”.

 

 

“Ahora más que nunca, todas las partes del conflicto deben hacer que se respete el derecho internacional humanitario, incluida la protección de la población civil y de las instalaciones, el transporte y el personal médico", afirma Gastineau.