Se cancela el Título 42 pero la crisis migratoria continúa en la región

• Miles de personas migrantes en la frontera norte de México y en otras partes de la ruta hacia Estados Unidos siguen enfrentando duras condiciones de albergue, seguridad, hábitat, alimentación y saneamiento por cuenta de políticas que criminalizan la migración.
• La única opción legal actualmente para estas personas es una aplicación digital colapsada que no sustituye la obligación de ese país de construir un sistema de asilo digno y seguro. 

Este 11 de mayo marca el final del Título 42, una decisión largamente esperada desde que el presidente Biden asumió el gobierno de Estados Unidos en 2021. Aplicada en la era Trump con la excusa nunca sustentada de protección frente a la pandemia de COVID-19, esta norma permitió más de 2,8 millones de expulsiones de personas migrantes desde Estados Unidos a ciudades de México, principalmente de la frontera norte, que no cuentan con la seguridad ni los recursos necesarios para atender sus necesidades humanitarias. 

Durante los tres años de su aplicación, el título 42 causó una catástrofe humanitaria para las personas migrantes que buscan seguridad y bienestar en Estados Unidos. Los equipos que Médicos Sin Fronteras (MSF) tenemos en ciudades como Reynosa, Matamoros, Piedras Negras y Nuevo Laredo han sido testigos de cómo por cuenta de esta política, miles de personas quedaron expuestas a condiciones climáticas extremas, falta de albergue, acceso insuficiente a alimentación, agua y saneamiento, y a diferentes afectaciones físicas y mentales, así como a eventos de inseguridad. 

“Durante tres años pedimos que se terminara la aplicación del Título 42”, explica Adriana Palomares, jefa de Misión de MSF en México y América Central. “Esperábamos que los procesos para acoger a quienes buscan protección se restablecieran con el fin de esta norma. Por desgracia, la administración Biden parece centrada en erigir nuevas barreras de acceso al asilo, incluso mediante el ‘asylum ban’ publicado hoy que impedirá a muchas personas acceder a la protección que necesitan desesperadamente. Sabemos que las políticas de disuasión no funcionan, y todo lo que esto hará será exponer a más personas a la violencia y el peligro”, afirma Palomares.  

Además de una serie de nuevas políticas migratorias recientemente puestas en marcha por el gobierno de Biden, una vez que expire el Título 42, el gobierno de Estados Unidos volverá a procesar a las personas migrantes bajo la ley de inmigración conocida como Título 8. En virtud de esta norma, pueden enfrentarse a una multa o sanción antes de ser deportadas. Si se les sorprende intentando volver a entrar en Estados Unidos, pueden enfrentarse a cargos penales y se les puede prohibir la entrada en el país o la solicitud de asilo por al menos cinco años. 

“Esta realidad muestra que contrario a lo prometido en campaña, la actual administración de Estados Unidos no ha logrado restablecer un sistema de asilo digno. La aplicación del Título 8, así como otras nuevas regulaciones anunciadas para disuadir la migración, continuarán generando graves afectaciones sobre la salud, la protección y el bienestar de las personas migrantes”, afirma Palomares.  

Para muchos de los pacientes que atiende MSF a lo largo de la ruta migratoria, volver a casa no es una opción. Hacer retroceder a las personas migrantes, detenerlas, abandonarlas en ciudades inseguras o dificultarles el proceso a propósito para que abandonen su intento de llegar a Estados Unidos es una política cruel que sólo les trae consecuencias negativas. 

Actualmente, para miles de personas que se encuentran en la frontera norte de México o en algún punto de la ruta migratoria, la única vía legal con la que cuentan es una aplicación digital llamada CBP One, que es una barrera digital que las mantiene varadas por meses en pésimas condiciones de hábitat y seguridad. 

Es el caso de Magaly Margarita, una mujer venezolana de 29 años que está en Matamoros hace cuatro meses. Ella vive con sus dos hijas de tres y cinco años en una pequeña carpa dentro del campamento de personas migrantes en el bordo del río Bravo. Magaly había logrado una cita a través de CBP One para el 28 de febrero, pero fue rechazada por los oficiales de migración porque no había registrado a sus hijas previamente por las complicaciones del sistema. 

Desde entonces no ha podido concretar una nueva cita y hace unos días su celular dejó de funcionar. “Tengo ya cinco días que no me meto a la aplicación, todos los días me metía. Me salía error, que no había espacio para las tres, que no hay hora, que no hay fecha. Ay no. Eso es un proceso muy difícil”, lamenta Margarita, quien mientras tanto seguirá vendiendo paletas y caramelos en las calles de Matamoros para conseguir la comida de ella y de sus hijas. 

“¿Cuál va a ser el futuro de personas que como Margarita esperan en la frontera norte de México o en algún punto de la ruta migratoria en la región?”, se pregunta Palomares, de MSF. “El endurecimiento de las medidas contra quienes cruzan la frontera de forma irregular y la falta de opciones legales eficientes para llegar a Estados Unidos tiene un grave impacto sobre la salud de las personas migrantes. Es urgente que se restablezca un sistema de asilo digno y seguro para todos y todas”, concluye. 

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Desde 2012, Médicos Sin Fronteras (MSF) apoyamos a la población en movimiento a lo largo de su ruta hacia Estados Unidos en distintos puntos que cruzan desde Panamá hasta la frontera en el norte de México.

En el último año, nuestros equipos han brindado más de 70 mil consultas médicas y 6 mil consultas de salud mental, así como múltiples actividades de promoción de la salud y soporte social. Las actividades que realizamos son gratuitas y confidenciales, y priorizan la atención a los grupos en mayor riesgo de vulnerabilidad frente a la migración: niños y niñas, menores no acompañados, adultos mayores, personas LGTBIQ, aquellas con discapacidades físicas y mentales, poblaciones indígenas y no hispanohablantes, migrantes extracontinentales y sobrevivientes de violencia sexual.