Se necesita definir urgentemente cómo las herramientas médicas para la COVID-19 realmente pueden ser bienes globales

Para garantizar que todos los fondos públicos y filantrópicos comprometidos en apoyo de la ‘Respuesta global al coronavirus’ el 4 de mayo de 2020, realmente avancen a la llamada de ‘bienes públicos globales’ que sean accesibles para todas las personas. La campaña de Acceso de MSF plantea preguntas importantes sobre cómo se utilizarán los compromisos asumidos, los términos y condiciones adjuntos.

Para garantizar que todos los fondos públicos y filantrópicos comprometidos en apoyo de la 'Respuesta global al coronavirus' el 4 de mayo de 2020, realmente avancen a la llamada de 'bienes públicos globales’ que sean accesibles para todas las personas. La campaña de Acceso de MSF plantea preguntas importantes sobre cómo se utilizarán los compromisos asumidos, los términos y condiciones adjuntos.

La Campaña de Acceso de MSF da la bienvenida al recien lanzado 'Acelerador del Acceso a las Herramientas contra la COVID-19 (ACT)' y la posterior movilización global, comenzando con la conferencia de donantes el 4 de mayo de 2020 en apoyo a la 'Respuesta global al Coronavirus’. Esta conferencia (organizada por la Comisión Europea, Francia, Alemania, Reino Unido, Noruega y Arabia Saudita) es un importante primer paso en la concentración de fondos para el desarrollo, producción, distribución y entrega de diagnósticos, terapias y vacunas para la COVID-19.

Sin embargo, a pesar de la movilización, la demanda mundial superará la capacidad de producción y suministro de algunas herramientas médicas esenciales, incluyendo los equipos de protección individual, tratamientos, diagnósticos y vacunas para la COVID-19. Por lo tanto, garantizar la asignación equitativa de estas herramientas debe ser fundamental para cualquier discusión sobre financiamiento y acceso a ellas.

Para la Campaña de Acceso de MSF, ya es hora de que las herramientas médicas esenciales dejen de ser gestionadas por la dinámica general del mercado. La actual crisis de salud demuestra descaradamente la insuficiencia del mercado para atender los intereses de salud pública incluso en países ingresos altos; y cada año, en MSF somos testigos de cómo millones de personas quedan desatendidas en contextos de bajos recursos como resultado del actual sistema de investigación y desarrollo farmacéutico (I&D). 

Como ha sido repetido por los jefes de estado, las instituciones internacionales y filantrópicas en el lanzamiento del acelerador ACT, las herramientas médicas para la COVID-19 deben considerarse "bienes públicos globales" y ser "asequibles, seguros, efectivos, fáciles de administrar y universalmente disponibles para todos, en todas partes”. Ahora es el momento de definir cómo va a suceder esto. La próxima conferencia de donantes, es la primera oportunidad para hacerlo y no se debe perder.

Si las herramientas médicas para la COVID-19 van a ser bienes públicos mundiales, se necesita una gobernanza colectiva (una en la que estén representados todos los contribuyentes, incluyendo a los países de ingresos bajos y medios) y a la sociedad civil. Además, la transparencia en todos los ámbitos es esencial, especialmente teniendo en cuenta la gravedad de la pandemia. Todos los planes y decisiones sobre las herramientas médicas para atender la COVID-19 deben presentarse públicamente. Los acuerdos entre las partes interesadas; las condiciones asociadas a los fondos públicos; los costos y precios en todas las etapas de desarrollo, producción y distribución deben ser transparentes. De igual forma, debe suceder lo mismo al compartir tecnologías, datos y conocimientos. El financiamiento público no puede consistir en distribuir cheques en blanco. No podemos confiar en medidas voluntarias para asegurar que las tecnologías que salvan vidas se compartan de manera equitativa.

Organizar el desarrollo, la producción y el suministro de tecnologías para la COVID-19; así como garantizar su acceso equitativo, requiere que los donantes respondan a preguntas prácticas importantes acerca de cómo se utilizarán los compromisos adquiridos, además de los términos y condiciones adjuntos. Para garantizar que todos los fondos públicos y filantrópicos comprometidos el 4 de mayo de 2020 y más adelante avancen realmente en el llamado por “bienes públicos globales” accesibles para todos, la Campaña de Acceso de MSF plantea las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo se garantizará la disponibilidad de cualquier herramienta médica desarrollada con fondos públicos para la COVID-19? ¿Cómo se desarrollará una gobernanza colectiva sobre las herramientas médicas para tratar la COVID-19?

Se está comprometiendo una cantidad considerable de dinero público y filantrópico a una variedad de organizaciones con diferentes estrategias y políticas de acceso, sin embargo, no está claro quién tiene la responsabilidad final de garantizar que esos fondos den como resultado herramientas médicas para la COVID-19 que sean accesibles para todos. ¿Cómo y cuándo la Organización Mundial de la Salud, como entidad líder de la ONU con la legitimidad para administrar la respuesta global de la COVID-19, establecerá un sistema para la asignación equitativa de las herramientas médicas para COVID-19?

¿Cómo se diseñará y organizará la gobernanza colectiva sobre las herramientas médicas de la COVID-19, asegurando que cualquier decisión sobre la asignación sea inclusiva, con una representación justa de los países y todas las partes interesadas relevantes, incluidas las organizaciones de la sociedad civil? ¿Cómo se abordarán y mitigarán los conflictos de intereses teniendo en cuenta la participación del sector privado en el Acelerador ACT?

2. ¿Cómo harán las organizaciones receptoras de los fondos para que los diagnósticos, tratamientos y vacunas estén equitativamente disponibles y sean asequibles? ¿Cómo se establecerán los precios? ¿Quién lo hará?

El acceso global equitativo y la disponibilidad requerirán precios justos y asequibles que rompan con el paradigma tradicional de fijación de precios de herramientas médicas de acuerdo con lo que el mercado puede soportar. Los actores públicos y filantrópicos están subsidiando masivamente la I&D, la ampliación de la fabricación y la entrega de herramientas médicas para la COVID-19. ¿Cómo se reflejará esto en el precio final y quién fijará el precio?

La disponibilidad suficiente de herramientas médicas de calidad para la COVID-19 requerirá enormes esfuerzos de fabricación descentralizados en diferentes países, incluidos los países en desarrollo, tanto en los recursos existentes como en la creación de otros nuevos. ¿Qué salvaguardas se han establecido para evitar el proteccionismo de los países que impiden la solidaridad y la distribución justa, y para evitar los monopolios que permiten a las empresas farmacéuticas dictar el nivel de producción y qué gobiernos obtienen acceso preferencial? 

Si se considera un mecanismo de compromiso de compra avanzado para tratar de asegurar a los proveedores, ¿quién garantizará que su uso no esté restringido solo a un número limitado de empresas? ¿Cómo se garantizará la distribución justa de las herramientas médicas, es decir, que su distribución se base en la salud pública y las necesidades de control de brotes, y no en la capacidad de pagar precios altos o la facultad de fabricar en el país? ¿Cómo se priorizará la disponibilidad de herramientas médicas para la protección y el tratamiento de los trabajadores de atención médica en la primera línea? ¿Cómo se logrará que los productos resultantes de la I&D de la COVID-19 sean accesibles para todos quienes los necesitan y sean gratuitos en los puntos de atención para todas las poblaciones vulnerables?

3. ¿Cómo se garantizará el intercambio de tecnologías desarrolladas con fondos públicos y cómo se evitarán los monopolios?

Las patentes y otras formas de propiedad intelectual otorgan a las compañías derechos exclusivos para fabricar y vender un producto sin temor a la competencia, dejando a los productores en gran medida libres de cobrar lo que quieran, en otras palabras, un monopolio. Las patentes, las exclusividades de comercialización y los secretos comerciales amenazan el suministro y la disponibilidad; alientan a los investigadores a trabajar de manera aislada y competitiva entre sí, en lugar de colaborar por un objetivo común como responder a la COVID-19.

El público pagará la I&D, la fabricación, el almacenamiento y la distribución de las herramientas médicas para la COVID-19, pero ¿quién será el propietario de sus derechos? La Comisión Europea ha planteado la pregunta pero no dio una respuesta clara. ¿Cómo se garantizará el intercambio abierto de tecnologías, conocimientos y datos sobre las herramientas médicas para la COVID-19? ¿Cómo se evitarán los derechos de propiedad intelectual, los secretos comerciales y los monopolios sobre los datos de ensayos clínicos y los conocimientos técnicos que obstaculizan la investigación, la producción y el acceso?

Solidaridad y acceso para todos: ¿Cómo se convertirá esta visión en realidad?