Se recrudece la violencia contra mujeres, niños y niñas migrantes entre Chiapas y Oaxaca

El aumento de familias en la ruta que conecta la costa sur con el centro de México ha desencadenado una nueva emergencia humanitaria. Esta alarmante situación se agudiza por la elevada exposición a robos, violencia y discriminación constante, también por parte de las autoridades, en una estrategia inhumana que desgasta y deja secuelas severas en la salud de las personas migrantes. 

Entre Arriaga, Chiapas, y Juchitán de Zaragoza, en el estado de Oaxaca, hay 150 kilómetros de distancia. En autobús el trayecto tomaría poco más de dos horas, pero caminando son unas 32, bajo un sol inclemente y un viento tan fuerte que amenaza con tumbar a las personas, que ya vienen caminando desde la frontera con Guatemala.  

La semana pasada un carro arrolló a una niña en esta misma avenida que bordea la costa pacífica, que desde hace un año es la ruta más concurrida para quienes atraviesan la frontera entre Guatemala y México. A comienzos de octubre, a la altura del kilómetro 88 de la vía Oaxaca-Cuacnopala, se volcó un autobús y murieron 18 personas migrantes (dos mujeres, tres menores de edad y 13 hombres). Un segundo accidente sucedió en esta misma zona, cuando un camión de carga se volteó. Fallecieron diez migrantes y otros 25 quedaron heridos.   

Estas familias, compuestas por personas de varias nacionalidades, intentan llevar en sus maletas lo necesario. En el camino van dejando algunas pertenencias debido al peso. Sacrifican sus tapetes para dormir esterillas o ropa para poder alzar a sus pequeños con cargadores improvisados o llevándolos sobre sus hombros. En algunos puntos piden dinero y en otros se esconden por miedo a sufrir una nueva retención, extorsión, robo, violación sexual o maltrato.  

María Elena*, una madre venezolana que viene con su familia denuncia que sufrió agresiones, al igual que otros, también por parte de autoridades.

“Lo peor que hemos pasado –asegura– es con migración. El 27 de octubre nos agarró intentando subirnos al tren, en Huehuetoca, Estado de México. Corrimos al maizal, pero nos alcanzó. Con un tubo, uno de ellos intentó pegarle a mi esposo. Nos han quitado todo”.  

Un informe publicado a mediados de octubre alerta sobre la intensificación de la terrible violencia y los secuestros en México. “Obligar a las personas que huyen de la persecución a permanecer en México en condiciones inhumanas durante meses, luchando por conseguir una respuesta a través del CBP One (una aplicación utilizada para obtener una cita de ingreso a los Estados Unidos), mientras son objeto de secuestros y abusos, es ilegal e inmoral. Nadie se libra de estos horribles daños: mujeres embarazadas y familias con bebés han sido presa de los informes de tortura y violencia sexual infligida contra los secuestrados. La prohibición de asilo subvierte la protección de las personas refugiadas, inflige traumas y provoca daños irreparables”, asegura en este reporte la organización Human Rights First. 

Las secuelas de violencia repetida empeoran condiciones físicas y mentales 

Desde hace dos meses y medio, Médicos Sin Fronteras (MSF) hemos atendido a más de 4,000 personas que llegan devastadas a las clínicas móviles, ubicadas cerca de la plaza principal de Arriaga. Ahí, duermen a cielo abierto, y en una terminal de autobuses de Juchitán, convertida temporalmente en un centro de movilidad migratoria, donde se acumulan las bolsas de basura al lado de los baños sin mantenimiento.

Allí se concentran unas 4,000 y 5,000 personas a diario en busca de un resguardo o un pasaje que los lleve a la Ciudad de México. La mayoría son haitianos y venezolanos, puesto que son las nacionalidades a las únicas que les venden boletos de empresas privadas, cobrando más de lo regular. Las demás deben conseguirlo de manera irregular. Es un negocio que se lucra de las necesidades de las personas migrantes.   

Esta ruta por el sureste se activó desde el año pasado, cuando México concentró la espera y entrega de salvoconductos en San Pedro Tapanatepec, Oaxaca, sin estar preparado para recibir a estas poblaciones migrantes, pues no contaba con albergues ni con servicios suficientes de atención médica, especialmente para mujeres embarazadas y menores que ya vienen en muy malas condiciones.

En los últimos meses se ha presentado un incremento de personas que han sufrido violencia sexual. Entre septiembre y noviembre MSF ha atendido 145 casos en los puntos de atención de Arriaga y Juchitán. Algunos denuncian que suceden justo apenas cruzan frontera con Guatemala. 

“Alrededor del 50 % de la población son mujeres y de esas un 20 % son embarazadas, con riesgos asumidos por falta de control prenatal, cambios de clima bruscos, sin condiciones dignas para descansar o alimentarse. Lo mismo pasa con las niñas y niños, de 0 a 5 años, que ven afectado su desarrollo porque sufren desnutrición. No cuentan con agua potable”, resalta Perla Gómez, coordinadora médica del proyecto de MSF en esta zona.   

“Nos encontramos, sobre todo, con enfermedades de la piel y respiratorias, diarreas, traumatismos, pero también atendemos secuelas de la violencia, tanto física como mental. En este trayecto hay extorsiones, hurtos y una mayor presencia de fuerza pública, lo que les obliga a caminar por brechas del monte más peligrosas”, agrega la médica Gómez.  

“A mí me habían dicho que el Darién era duro, pero México me ha parecido peor” 

Algunas personas expresan que han sufrido violencia sexual cerca de estos puntos de control migratorio, así como retención y robo.

“A veces, cuando no tenemos el dinero que nos piden las autoridades migratorias –llega a ser hasta 100 dólares por persona–, nos bajan del autobús y nos quitan nuestros teléfonos. Nos retienen en otros autobuses (con vidrios polarizados) hasta la madrugada, sin decirnos nada ni darnos un vaso con agua. Cuando ya estamos a punto de colapsar, nos dejan botados en algún punto de esta carretera, cerca de Arriaga, retrocediéndonos todo lo que habíamos avanzado. A mí me habían dicho que el Darién era duro, pero México me ha parecido peor. Es una selva de asfalto de la que nadie se salva”, cuenta un Camilo*, un padre agotado, mientras espera ser atendido en la clínica de MSF, junto a su hija y su esposa, quien recibe atención psicológica.   

La desolación en esta ruta tiene cara de éxodo. Niñas, niños y mujeres con bebés caminan en fila con trapos hirviendo en sus cabezas para protegerse del sol, al borde de la carretera para evitar accidentes, después de haber sufrido situaciones traumáticas sin digerir, porque se repiten casi a diario. De enero a septiembre México registró 77,121 migrantes menores de 17 años. Un aumento de 64,8% con respecto al mismo periodo en 2022, según la Red por los Derechos de la Infancia en México.   

María Elena cuenta que cuando intentaron pegarle a su esposo, él se tiró hacia atrás. “Mi hijo, de cuatro años, iba en sus brazos. A mi sobrina, de 9 años, le pegaron en la cara y en la pierna. Le dijimos que era una niña y que no la arrastraran. Toda esa escena alteró a mi niño. Unos días después, cuando lo estaba bañando en un refugio, convulsionó. En el hospital el doctor me dijo que sufrió un impacto muy grande. Ya no lo puedo cargar, porque me dice que se está cayendo. Estoy muy mal, porque a raíz de esto, le diagnosticaron epilepsia”.   

Estas personas viven un tormento; sin dinero, sin refugio y sin dignidad, expuestos a mayores riesgos cada vez más recurrentes; impactos irreparables para su vida y su salud.

“Dicen que somos valientes, pero no es cierto, los migrantes vivimos con miedo, porque sufrimos persecución”, concluye esta madre varada junto a otros miles en la terminal de Juchitán, aguardando un autobús al que teme subir por miedo a sufrir otra vez una extorsión, robo o golpiza.

*Los nombres fueron cambiados para preservar la privacidad de las personas.