Un nuevo decreto italiano obstruye los esfuerzos de rescate en el mar y causará más muertes

A pesar de ello, los Estados miembros de la Unión Europea −en particular Italia− llevan años intentando obstaculizar las actividades de búsqueda y salvamento civiles mediante la difamación, el acoso administrativo y la criminalización de ONG y activistas.

Ya existe un amplio marco jurídico para las actividades de búsqueda y rescate, como la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) y el Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimos (Convenio SAR). Sin embargo, el gobierno italiano ha introducido otra serie de normas para los buques de búsqueda y rescate civiles, que obstaculizan las operaciones de salvamento y ponen en mayor peligro a las personas que se encuentran en peligro en el mar.

Entre otras normas, el gobierno italiano exige a los buques civiles de salvamento que se dirijan inmediatamente a Italia después de cada rescate. Esto retrasa las operaciones de salvamento, ya que los buques suelen realizar varios rescates a lo largo de varios días. Dar instrucciones a las ONG para que se dirijan inmediatamente a un puerto, mientras otras personas se encuentran en peligro en el mar, contradice la obligación del capitán de brindar asistencia inmediata a las personas en peligro, consagrada en la UNCLOS.

Este aspecto del decreto se ve agravado por la reciente política del gobierno italiano de asignar con mayor frecuencia “puertos lejanos”, que pueden estar hasta a cuatro días de navegación de la ubicación actual de los buques.

Ambas estrategias están diseñadas para mantener a los buques de búsqueda y salvamento fuera de la zona de rescate durante periodos prolongados y reducir su capacidad para ayudar a las personas en peligro. Las ONG ya están desbordadas debido a la ausencia de una operación de búsqueda y rescate por parte de los Estados y la menor presencia de buques de salvamento provocará, inevitablemente, que más personas mueran ahogadas en el mar.

Otra cuestión que plantea el decreto es la obligación de recopilar a bordo de los buques de rescate datos de las personas sobrevivientes que expresen su intención de solicitar protección internacional y de compartir esta información con las autoridades. Es obligación de los Estados iniciar este proceso y una embarcación privada no es un lugar apropiado para ello. Las solicitudes de asilo solo deben tramitarse en tierra firme, tras desembarcar en un lugar seguro, y una vez cubiertas las necesidades inmediatas, como ha aclarado recientemente la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR)[1].

En general, el decreto ley italiano contradice el derecho marítimo internacional, los derechos humanos y el derecho europeo, por lo que debería desencadenar una enérgica reacción por parte de la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, los Estados miembros y las instituciones europeas.

Nosotras, las organizaciones civiles que participamos en las operaciones de búsqueda y salvamento en el Mediterráneo central, instamos al gobierno italiano a que retire inmediatamente el recién promulgado decreto ley. También pedimos a todos los diputados del Parlamento italiano que se opongan al mismo, impidiendo así que se convierta en ley.

No se necesita otro marco políticamente motivado que obstruya las actividades de salvamento de vidas, sino que los Estados miembros de la UE cumplan finalmente con las leyes marítimas e internacionales existentes, así como que garanticen el espacio operativo para los actores de búsqueda y rescate civiles.