Violencia y violencia sexual: dos epidemias invisibilizadas en Honduras

“Tenía 16 años cuando viví una situación de violencia sexual. Solo sabía que no quería seguir recordando, que no quería seguir viviendo, que no quería que me pasara lo mismo”, cuenta Rocío*.

“No podía dormir, a veces he soñado que me sigue y me quiere violar. Me levantaba asustada, llorando, porque he sentido que me agarra, que me encuentra”, continúa la mujer de 18 años, quien hoy identifica como persona trabajadora del sexo y bisexual.

“Los que me hicieron daño son los que no me dejan dormir”, afirma Rocío. Por tres meses, su cuarto fue el único espacio seguro luego de que, en un corto período, fue víctima de violencia sexual en dos ocasiones seguidas. Así como ella, cada día mujeres dedicadas al trabajo sexual en Honduras cuentan cómo algunos hombres abusan sexualmente de ellas, una situación alarmante para una población vulnerable y expuesta por el trabajo que ejercen. 

En Honduras, según datos del Ministerio Público, entre enero de 2021 y noviembre del 2022 se reportaron 5,721 denuncias por delitos sexuales. Sin embargo, la mayoría de los casos de violencia sexual no son denunciados; por lo tanto, el número de personas sobrevivientes es probablemente mucho mayor. En los primeros nueve meses del 2023, el equipo de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Honduras atendió 586 casos de violencia sexual, un aumento del 15% en comparación mismo período del año anterior.  

En diciembre de 2022, la Secretaría de Salud lanzó el Protocolo de atención integral a víctimas y sobrevivientes de violencia sexual, aunque todavía no ha sido implementado en hospitales y centros de salud el país. Es importante que los proveedores de salud públicos y no públicos, así como otros actores involucrados en la respuesta a la violencia sexual, conozcan e implementen este protocolo. 

Las mujeres, adolescentes y niñas son las personas mayormente afectadas por la violencia sexual. En nuestras consultas, el 82% de los casos fueron mujeres y niñas; aunque también impacta a hombres y niños, siendo un 18% de las atenciones. De estos casos, el 31% fueron menores de edad, especialmente adolescentes jóvenes de 10 a 14 años. 

“La experiencia de MSF en los últimos años en la atención a víctimas y sobrevivientes de violencia y violencia sexual demuestra que estos eventos son frecuentes y pueden afectar a personas de cualquier género y edad. La violencia sexual puede tener consecuencias importantes en la salud física y mental de las personas sobrevivientes. Por eso se le ha considerado como una emergencia médica invisibilizada que requiere de una inmediata atención”, explica Carina Perotti, referente medical del proyecto de MSF en San Pedro Sula. 

Las 72 horas más primordiales 

Como la mayoría de las personas que viven un evento de violencia sexual, Rocío no logró obtener atención médica inmediata. Y es que el 88% de las personas sobrevivientes de violencia sexual atendidas por MSF han llegado después de los primeros tres días, periodo crucial para prevenir infecciones como VIH. Hasta los 5 días, las pacientes pueden además prevenir un embarazo. Esta atención médica se complementa con prevención y tratamiento de infecciones de transmisión sexual, así como atención en salud mental desde el primer momento de la consulta, continuando con tratamiento a mediano y largo plazo.  

Pasado este tiempo, las consecuencias pueden ser una catástrofe para las sobrevivientes. “Las pacientes tienen un temor constante de estar contagiadas por el VIH, o tener un embarazo no deseado. Por esto la atención psicológica es crucial – no solo por el trauma, sino también por las consecuencias potenciales o reales de no haber recibido la atención a tiempo”, detalla Brenda Villacorta, gestora de actividades de salud mental de MSF en Tegucigalpa.  

De hecho, la violencia sexual puede impactar en muchos aspectos de la vida. En el caso de Rocío, la llevó a intentos de suicidios, aislamiento y preocupaciones de seguridad. Por esto, independientemente del tiempo que transcurre entre el evento y la búsqueda de atención, es importante el acceso a una atención integral que incluya atención médica, de salud mental y apoyo social, esto último para responder a las necesidades de acompañamiento, protección y refugio.  

Normalizar la atención, no la violencia 

En lugar de la atención, es la violencia misma la que se normaliza. En 2023, en uno de cada cuatro casos que llegó después de las primeras 72 horas, la demora fue porque la persona sobreviviente no sabía que podía buscar atención médica y psicosocial. Esto es una muestra de la necesidad de que la población general conozca la existencia y la importancia de estos servicios. 

Otra de las razones por las que no buscan atención es porque se invisibiliza la violencia dentro de la familia o pareja. “Uno de cada dos casos de violencia sexual contra menores que atendemos en nuestras clínicas viene de un familiar: padres, padrastros, tíos, abuelos o primos. Además, muchas niñas y niños no llegan a los servicios porque la misma familia no quiere llevarlas. La violencia sexual que sucede dentro de la misma relación de pareja también se invisibiliza; a pesar de la agresión, las personas no tienden a buscar atención médica ni psicológica”, explica Luis Rivera, supervisor de actividades comunitarias de MSF en Tegucigalpa. 

Otras formas de violencia 

En las consultas y en las diferentes actividades, los equipos identifican casos donde la pareja hombre ejerce un control sobre la mujer y la limita a recibir atención médica, a usar métodos anticonceptivos o a tener privacidad en su consulta médica. Esto les impide expresar sus necesidades con el profesional de la salud. 

“Algunas mujeres no pueden tomar decisiones por sí mismas en la planificación de sus embarazos, que de ser muy seguidos o no deseados implican riesgos en su salud física y emocional. También identificamos a otras mujeres a las que les impiden llevar al hospital a sus hijas e hijos. Vimos el caso donde a una madre, su marido le prohibió llevar a su bebé al hospital y el menor falleció. Entonces la violencia doméstica basada en género también tiene impactos en el acceso a la salud de las mujeres, niñas y niños”, explica Perotti. 

Además de la violencia sexual, también existen diversas formas de violencia que traen consecuencias para las personas que las sufren. Las que más ven los equipos de MSF son la violencia física y psicológica en la pareja o la familia, y las amenazas y extorsiones. Estos eventos resultan en secuelas en la salud mental y física tanto de menores como de personas adultas; algunos casos obligan a las personas al desplazamiento forzado para huir de las personas agresoras.  

Desde hace varios años, MSF en Honduras está comprometida con brindar atención en salud mental, por lo que el abordaje en primera ayuda psicológica, así como el seguimiento de pacientes, son parte fundamental de sus actividades. Los equipos también han impulsado el fortalecimiento de la respuesta integral del Estado en materia de la salud mental, buscando que este componente sea integrado a todos los niveles y sectores transversales. 

“Vemos un aumento de la utilización de nuestra línea de atención psicológica telefónica. Esta permite el acceso a la salud mental a las personas que no pueden salir por la violencia, porque eso sucede en su hogar. A veces suceden varios eventos a lo largo de sus vidas y esto aumenta el trauma causado por la violencia y, sin atención psicológica adecuada, las consecuencias en la salud mental pueden ser graves y permanentes”, explica Jessica Zúniga, psicóloga de la Línea de Atención Psicológica de MSF en San Pedro Sula. 

Entre enero de 2016 y mayo de 2023, los equipos de salud mental de MSF en Honduras han ofrecido más de 29,000 consultas psicológicas. En Tegucigalpa, San Pedro y Choloma, se identificó que 7,839 pacientes de salud mental fueron víctimas de violencia. De estas personas, 3,368 personas, el 43% de los casos, son sobrevivientes de violencia sexual.  

Estos datos muestran la dimensión de la problemática y la necesidad de que las autoridades brinden respuestas integrales a la misma. Por esa razón, MSF pedimos que se implemente urgentemente el Protocolo de atención integral a víctimas y sobrevivientes de violencia sexual en centros de salud y hospitales de todas las regiones sanitarias de Honduras.  

“Recomendamos a las autoridades financiar todos los recursos humanos y materiales, garantizar y aumentar la disponibilidad de espacios de atención, brindar formaciones regularmente a los equipos multidisciplinarios. Y sobre esto, también crear campañas de información para el público general, para prevenir las afectaciones en la salud física y mental de las víctimas y sobrevivientes de violencia sexual. Además, añadir profesionales de salud mental en el sistema de salud público permitiría responder a la vez las necesidades imperiosas debidas a la violencia sexual y las que nacen de otras formas de violencia”, concluye Perotti.