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01.12.2021
En la región colombiana del Catatumbo, donde Médicos Sin Fronteras (MSF) ha estado presente desde noviembre de 2018, persiste una crisis a causa del conflicto armado, las condiciones de precariedad en los barrios irregulares y la violencia contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes. Después de tres años de atención en los municipios de Tibú, Puerto Santander y el corregimiento de La Gabarra, MSF traspasa sus proyectos a Premiére Urgence Internationale (PUI) y hace un llamado para que las instituciones atiendan las necesidades de la población migrante venezolana y colombiana no asegurada que, aún hoy, no cuentan con condiciones básicas de vida. 
 
En los barrios Divino Niño, Tres Montañas, 12 de septiembre y en la comunidad Yukpa de Tibú, MSF ha encontrado que por lo menos 10,000 familias viven en condiciones de saneamiento indignas: “En estos asentamientos, así como en cuatro más de La Gabarra en donde intervenimos, hemos encontrado problemas serios de agua potable, higiene y falta de atención médica para población vulnerable venezolana y colombiana. En nuestras consultas continuamos viendo a personas con enfermedades respiratorias, niños y niñas con enfermedades gastrointestinales, problemas dermatológicos, malaria e incluso COVID-19”, dice Sulaith Auzaque, coordinadora de MSF en Catatumbo. 
 
 
 

Balance del proyecto 

De acuerdo con MSF, entre noviembre de 2018 y octubre de 2021, se realizaron 47,825 consultas médicas, de las cuales 42,720 fueron consultas externas generales; 210 por violencia sexual, 4,729 de atención prenatal y 166 de atención postnatal. Mientras MSF trabajó en esta región se presentaron una serie de 11 feminicidios y, de acuerdo con Sulaith Auzaque, "existe un subregistro muy importante en lo que tiene que ver con la violencia a la mujer, en buena medida por diferentes barreras, incluyendo el temor para denunciar". 
 
Vale la pena señalar que en este mismo lapso MSF realizó 13,610 consultas de planificación familiar, alcanzando un total de 8,789 personas beneficiadas. Tanto en La Gabarra como en Puerto Santander y Tibú, la organización brindó atención en salud mental para la población migrante venezolana y colombiana no asegurada, alcanzando un total de 3,527 consultas. Según MSF, las condiciones de precariedad en las cuales han llegado miles de familias a Colombia han agudizado en muchos casos los sentimientos de tristeza, incertidumbre y ansiedad. En el transcurso del proyecto, el equipo de salud mental trabajó desde un enfoque individual, así como psicosocial, teniendo en cuenta afectaciones por conflicto armado o xenofobia.
 

Principales necesidades 

MSF asegura que la mayoría de niños y niñas que cruzan la frontera por caminos irregulares llegan con alguna afectación médica, ya sean problemas dermatológicos, gastrointestinales o respiratorios. De la misma manera, se han atendido casos de mujeres embarazadas sin controles prenatales o pacientes crónicos con enfermedades de diabetes o cáncer sin acceso a medicamentos o controles periódicos. A la falta de atención de salud se suman las complicaciones de higiene en los lugares en donde habita la población, teniendo en cuenta que las familias suelen estar expuestas a fuentes de agua contaminada y en estado constante de hacinamiento, lo cual puede generar enfermedades como la malaria y la COVID-19.
 
 
 
 
Para las y los pacientes que necesitan atención hospitalaria, si se tiene seguro médico, se requiere de un viaje a Cúcuta que puede tomar entre seis y siete horas y un lapso de tres meses para adquirir cita con algún especialista. A estas barreras se suman las dificultades de protección en la zona por cuenta de la disputa entre distintos grupos armados. Eduardo*, habitante de uno de los asentamientos irregulares, señaló que “las familias mantienen la preocupación por el conflicto porque se ven reclutamientos de menores y muchas personas terminan trabajando en los cultivos de coca entonces ahí quedan más expuestos. Las personas que hemos migrado lo hemos hecho para buscar trabajo y comida, pero ha sido difícil”. 
 
La población también se ha visto expuesta a la violencia por trabajo sexual, así como a desplazamientos por amenazas de grupos armados. Para Sulaith Auzaque, coordinadora de MSF en Catatumbo, es clave que las instituciones gubernamentales, así como las organizaciones humanitarias, trabajen por “una mejor atención integral para la población migrante venezolana y colombiana no asegurada y hagan un mayor esfuerzo en preservar las condiciones de agua, saneamiento y albergue. Y quizás lo más importante: en la región existen diferentes tipos de violencia contra la población que en ninguna circunstancia deberíamos normalizar”.
 
 
*Por seguridad, el nombre fue cambiado.