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29.11.2021
Hoy se reúne en Ginebra el Consejo de los ADPIC (los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) de la Organización Mundial del Comercio, tras el aplazamiento indefinido de la 12ª Conferencia Ministerial debido a la identificación de la nueva variante del virus COVID-19 y al cambio de las normas fronterizas de Suiza. Médicos Sin Fronteras (MSF) deplora, una vez más, la oposición dogmática a la histórica propuesta de renuncia temporal a los derechos de propiedad intelectual sobre las herramientas médicas para hacer frente a la COVID-19 por parte de un grupo de países de altos ingresos, entre ellos la Unión Europea (UE), el Reino Unido y Suiza.
 
Dado que la pandemia de COVID-19 no muestra señales de remitir, incluso en regiones con acceso sin restricciones a tecnologías médicas para hacer frente a la COVID-19 y con altas tasas de vacunación como Europa, resulta evidente que es esencial dar prioridad al acceso a las herramientas médicas de COVID-19, incluidas las pruebas, los tratamientos y las vacunas para todas las personas y en todas partes.
 
"La reciente aparición de otra nueva variante, más transmisible, es un ejemplo elocuente de cómo este virus sigue mutando, sobre todo en ausencia de un acceso equitativo a las herramientas médicas adecuadas para hacer frente a la COVID-19", afirma Candice Sehoma, responsable de incidencia política de la Campaña de Acceso de MSF en Sudáfrica. "Con millones de vidas en juego, el mundo no puede permitirse perder más tiempo. Hacemos un llamado a los países que se oponen a esta exención y la diluyen para que pongan fin hoy mismo a las tácticas dilatorias y adopten medidas urgentes para adoptar una exención completa que facilite una producción y un suministro más diversificados y amplios de vacunas, productos terapéuticos y diagnósticos de COVID-19 y otras tecnologías sanitarias. La suspensión es más necesaria que nunca".
 
 
 
 
Durante los 14 meses transcurridos desde que India y Sudáfrica propusieron por primera vez la propuesta de exención de los ADPIC para aumentar el acceso de la población mundial a herramientas médicas para combatir la COVID-19, la enfermedad se ha cobrado la vida de más de 4 millones de personas. Esta cifra asciende a más de 5 millones desde el inicio de la pandemia. Ante esta situación, más de 100 Estados respaldan la exención de los ADPIC, demostrando que más de la mitad de los gobiernos de todo el mundo creen que la adopción y aplicación de esta propuesta es una herramienta eficaz para combatir la COVID-19. Sin embargo, la resistencia de un grupo de países de altos ingresos que está echando por tierra esta solidaridad mundial ha estancado las negociaciones sobre la exención de los ADPIC. Teniendo en cuenta que no hay indicios de que la pandemia de COVID-19 vaya a remitir pronto, esta situación es inaceptable.
 
“Cada día somos testigos de la desesperada necesidad de herramientas médicas para combatir la COVID-19 que hay en las zonas donde trabajamos”, alerta Reveka Papadopoulou, presidenta del Centro Operacional de MSF en Ginebra. “Dado el acceso extremadamente limitado a los vitales medicamentos, diagnósticos y vacunas contra la COVID-19, es desmoralizante que algunos gobiernos se opongan a una iniciativa como la exención que podría tener un impacto tan positivo sobre la capacidad de los países de bajos y medios ingresos para hacer frente a esta pandemia”. 
 
El acceso a las vacunas contra la COVID-19 sigue siendo muy desigual en todo el mundo, por lo que el acceso a nuevos tratamientos y pruebas para reducir el número de muertes también es crucial, aunque igualmente difícil. Estos problemas de acceso se agudizan porque las empresas farmacéuticas solo proporcionan un suministro limitado de herramientas médicas a los países de ingresos bajos y medios, al mismo tiempo que tienen en su poder patentes y otros derechos de propiedad intelectual claves que pueden bloquear la producción de genéricos.
 
Para que sea más eficaz, MSF destaca que el texto final de la exención de los ADPIC debe garantizar: que el alcance de la exención no se limite a las vacunas y se aplique a todas las tecnologías de salud esenciales (incluyendo pruebas y tratamientos); que se supriman todos los derechos de propiedad intelectual y su aplicación; y que la duración de la exención sea de al menos cinco años para permitir que la fabricación y el suministro de las herramientas de salud para combatir la COVID-19 (incluyendo sus materiales y componentes) se puedan preparar, ampliar, diversificar y mantener.
 
 
Además de respaldar la propuesta de exención de los ADPIC, MSF hace un llamado a los gobiernos para que utilicen todas las herramientas legales y políticas a su disposición con el fin de facilitar la producción ininterrumpida y la diversidad en el suministro de las herramientas de salud para combatir la COVID-19, incluyendo la plena utilización de las flexibilidades existentes en los ADPIC para la salvaguarda de la salud pública.
 
MSF también insta a todos los gobiernos que tengan suficientes dosis de vacunas de COVID-19 a redistribuir de inmediato las dosis sobrantes a través de COVAX o de los organismos regionales. MSF urge a los gobiernos de Estados Unidos y Alemania a que presionen a Pfizer-BioNTech y Moderna para que compartan la tecnología y los conocimientos técnicos de las vacunas de ARNm con los fabricantes de los países de bajos y medios ingresos, y a que todos los Gobiernos brinden apoyo financiero y político al Centro de Transferencia de Tecnología de las Vacunas de ARNm de la OMS.