“Son las necesidades básicas de las mujeres”: atendiendo a las venezolanas en Colombia

 

Mirla Milagro recuerda cuando ella y sus hijos consumían tres comidas al día en Venezuela. Se dedicaba a hacer manicuras y a limpiar casas. Así sobrevivían. Todas sus necesidades médicas estaban cubiertas por el sistema de salud venezolano.

 

Cuando las clínicas comenzaron a experimentar desabastecimiento en medicamentos y suministros, intervinieron médicos voluntarios de Cuba. Pero después de un tiempo, parecía que no había medicamentos en ningún lado y, si estaban disponibles, eran demasiado caros. Los ingresos de Mirla Milagro también se agotaron. Conseguir comida se volvió algo difícil. “Si desayunábamos, no teníamos nada para almorzar”, afirma. “Si almorzábamos, no teníamos cena. A veces comíamos algo al mediodía y dejábamos un poco para más tarde. La situación era realmente mala”.

 

Llegó con sus hijos a Riohacha, la capital del departamento de La Guajira, en el norte de Colombia, en busca de ayuda. “Llegamos flacos”, cuenta. Tan pronto como se dio cuenta de que sus hijos no podían acceder al sistema escolar colombiano, los envió de regreso a Venezuela para que estuvieran con su abuela. Ahora vive en Riohacha con 12 personas, en su mayoría parientes que también emigraron, en un refugio de barro. Le envía dinero a su madre para comprar comida siempre que puede.

 

Más de 4 millones de venezolanos han abandonado el país desde su colapso económico y político, y Colombia alberga al menos a 1,4 millones de ellos. En Riohacha, la migración es visible: hay personas durmiendo en los parques y en la playa, en espacios antes vacíos que ahora están repletos de refugios hechos de láminas de plástico y materiales desechados, y hay personas en todas partes mendigando o vendiendo lo que pueden. Muchos de estos migrantes venezolanos llegaron en autobús o a pie desde Maracaibo, que anteriormente era el centro económico del oeste de Venezuela, cerca de la frontera con Colombia. Hace varios años, muchos de ellos vivían relativamente cómodos, como Milagro, pero ahora solo intentan sobrevivir.

 

 

Milagro se sentía enferma y fue a la clínica médica móvil de Médicos Sin Fronteras en el barrio La Lucha de Riohacha. Fue ahí donde se enteró de que estaba embarazada. Lloró cuando escuchó la noticia. “Me llevaron con un psicólogo y todo”, cuenta.

 

Al día siguiente, a petición suya, MSF le proporcionó a Milagro un aborto con medicamentos: cinco píldoras para tomar durante dos días e instrucciones de permanecer en cama, descansar, y regresar para un chequeo posterior. Cuando regresó, MSF también le proporcionó un implante anticonceptivo para cinco años.

 

El aborto se ha despenalizado en gran medida en Colombia desde 2006, pero las mujeres enfrentan barreras significativas, desde el estigma social hasta el rechazo en las instalaciones médicas, cuando solicitan atención para un aborto seguro dentro del sistema de salud. En el caso de Milagro, ella dice que su vida estaba en riesgo. Tuvo tres cesáreas por sus partos anteriores, y un médico en Venezuela le advirtió que quedar embarazada nuevamente sería peligroso. “Si no hubiera encontrado a MSF -dice- habría interrumpido el embarazo de una forma u otra”. Milagro se encontraba en riesgo de sufrir complicaciones durante el parto y el aborto inseguro, dos de las principales causas de mortalidad materna en todo el mundo.

 

En Colombia, en La Guajira, así como en los departamentos de Arauca y Norte de Santander, MSF está trabajando para llenar las brechas sustanciales de atención médica para los migrantes venezolanos. Si bien los hospitales públicos tienen la obligación legal de brindar atención de emergencia a quien la necesite, esos servicios se limitan a tratamientos inmediatos para salvar vidas, vacunas y atención de partos. Esto deja muchas necesidades vitales de salud insatisfechas, incluidas aquellas específicas de las mujeres, razón por la cual, en respuesta a la crisis migratoria, MSF se ha enfocado principalmente en brindar atención en salud sexual y reproductiva a través de servicios que previenen las muertes y lesiones maternas. 

 

Una estrategia clave para prevenir las muertes maternas es proporcionar anticonceptivos, no solo condones, sino una variedad de métodos que se ajusten a las necesidades de cada mujer y le brinden control sobre su uso. Este servicio ha sido bien recibido por las mujeres venezolanas en La Guajira, explica la coordinadora del proyecto de MSF, Elsa Soto. “La demanda es tan grande que en solo cuatro meses, uno de nuestros (tres) equipos… ha atendido más de 750 consultas de planificación familiar”.

 

El implante subdérmico a largo plazo, como el que recibió Milagro, es el método más solicitado, según la Dra. Helen Aragón de MSF. “Muchos de ellos solo vienen a vernos y regresan a su país, o están constantemente dentro y fuera del país”, explica. La anticoncepción es inasequible para muchas personas en Venezuela, que a menudo se preocupan principalmente por poder comprar alimentos. MSF proporciona implantes de cinco años, inyecciones mensuales o de tres meses, píldoras y DIU, así como condones.

 

Soto explica que la demanda es tan grande porque las mujeres que han huido de su país y no tienen ingresos estables, no tienen un lugar seguro para vivir y tienen dificultades para cuidar a sus hijos existentes, a menudo no están listas para quedar embarazadas nuevamente. 

 

 

Sin embargo, MSF también está respondiendo a una alta demanda de atención prenatal en La Guajira. “Hay una cantidad increíble de mujeres embarazadas procedentes de Venezuela”, asevera Soto. “La mayoría de ellas se encuentra en su segundo o tercer trimestre sin haber recibido ningún tipo de atención prenatal, esto causa más mortalidad y más complicaciones”.

 

Los equipos de MSF, ubicados en dos hospitales y clínicas móviles en cuatro locaciones diferentes en La Guajira, atienden a mujeres embarazadas para chequeos prenatales regulares, proporcionan vacunas prenatales, pruebas y tratamiento para el tétanos, anemia, desnutrición y enfermedades de transmisión sexual. Las pacientes también son revisadas y tratadas por presión arterial alta, que puede causar problemas potencialmente mortales para la madre y el bebé. Reciben vitaminas prenatales y discuten su plan de parto.

 

Todos los equipos de MSF que responden a la crisis migratoria venezolana en Colombia, incluyen a un trabajador social, en parte porque muchos pacientes informan que se les negó la atención de emergencia en hospitales del gobierno, incluso para partos. Los trabajadores sociales se aseguran de que las mujeres embarazadas reciban la atención a la que tienen derecho legalmente para que no se queden sin un lugar para dar a luz de forma segura, pues están en un entorno desconocido y con retos significativos.

 

“El embarazo fue una sorpresa”, nos cuenta Zoreima Terán, una inmigrante venezolana que tiene hijos adolescentes y está luchando por sobrevivir. “Nunca imaginé que pasaría por esto aquí”. Viaja durante dos horas en autobús para llegar a Riohacha desde otra ciudad para obtener controles prenatales gratuitos y de alta calidad por parte de MSF. Terán quiere regresar a Venezuela, pero estar embarazada lo hace más complicado. No puede contar con recibir esta atención, o atención de parto, en su país de origen en este momento.

 

En el hospital de Riohacha, la sala de maternidad administrada por el gobierno, a menudo está llena de mujeres en trabajo de parto. “Entre 95 y 98 por ciento (de las mujeres que dan a luz) son pacientes venezolanas”, asegura María Suárez, doctora del Ministerio de Salud. “El ochenta por ciento de las pacientes venezolanas que vemos no ha tenido chequeos prenatales”. Eso significa que ni las pacientes ni el personal médico saben si podría haber complicaciones peligrosas hasta que el parto está en marcha.

 

Suárez es venezolana, y en su país de origen trabajaba en un gran hospital administrado por el gobierno donde la atención médica era gratuita y se proporcionaba todo lo que las mujeres embarazadas necesitaban. Pero llegó un momento, cuenta, en el que si los pacientes no traían los suministros necesarios, los médicos no podían brindarles atención médica. “No teníamos ni un par de guantes, no teníamos gasas, no teníamos las jeringas ni los analgésicos para los pacientes que llegaban con dolor… se desmoronó”.

 

Suárez tuvo la suerte de tener una profesión que podría practicar en Colombia. La mayoría de los migrantes venezolanos, incluidos muchos que eran profesionales, no pueden obtener trabajos legales en Colombia y luchan por sobrevivir. A menudo fabrican artesanías para vender, recolectan materiales reciclables que pueden intercambiar por un poco de dinero o venden café al costado del camino. Algunos recurren al trabajo sexual.

 

 

En La Guajira, las trabajadoras sexuales son contratadas en salas de billar, bares, o trabajan en situaciones menos formales. En cualquier caso, tienen un conjunto específico de necesidades médicas y puede ser difícil llegar a estas personas.

 

“El principal desafío que enfrentamos con ellas es la vergüenza que tienen y les impide acudir a nosotros y decir: “soy trabajadora sexual” o “he venido para hacerme estas pruebas de enfermedades de transmisión sexual”, explica Aragón, médico de MSF. “Entonces, lo que hacemos es tratar de identificarlas y cultivar su confianza para que así nos sea posible proporcionarles todos los servicios que MSF brinda”.

 

MSF ofrece a las personas que ejercen el trabajo sexual pruebas y tratamiento gratuitos para infecciones de transmisión sexual, incluyendo servicios de laboratorio que de otro modo serían costosos para ellas. Si un paciente es VIH positivo, se le deriva a otra organización que brinda tratamiento contra el VIH. “Trabajamos para alimentar a nuestros hijos, no para pagar las pruebas de laboratorio,” dice Sofía Sánchez*, una madre venezolana con dos hijos y trabajadora sexual. “MSF nos ofreció ayuda, cada uno de nosotros se hizo una prueba de VIH. Cuesta 100,000 pesos ($30 dólares), aquí lo hicieron gratis, no nos pidieron nada”.

 

Además de las pruebas, el tratamiento y la anticoncepción, MSF brinda asesoramiento sobre salud mental a las personas que ejercen el trabajo sexual y podrían estar sufriendo angustia psicológica. “Todos los días lloraba. La estaba pasando mal”, cuenta Sánchez. “Gracias al psicólogo… le conté todo. Gracias a él, ya soy más libre porque me dio algunos consejos que realmente me ayudaron”.

 

Los servicios de salud sexual y reproductiva que MSF ofrece a los migrantes venezolanos en La Guajira abordan las mismas necesidades que vemos en casi todos nuestros proyectos en todo el mundo, donde los sistemas de salud se han debilitado o colapsado como resultado de conflictos o inestabilidad política. Y al igual que las vacunas, el apoyo nutricional y los servicios de salud mental, son parte de un paquete básico de atención para salvar vidas. “Estas son necesidades básicas de las mujeres”, afirma Soto.