Ataques a la atención médica

Las instalaciones médicas son arrastradas continuamente al campo de batalla, y las y los pacientes junto con el personal médico y de enfermería son quienes sufren las consecuencias en el proceso. Desde 2015, hemos marcado la pérdida de 23 integrantes del personal de MSF en nueve eventos distintos, incluyendo pérdidas durante asaltos o bombardeos a hospitales. En los últimos cinco años, nuestro personal ha perdido la vida en Afganistán, Sudan del Sur, Siria, Yemen y República Centroafricana.

Las instalaciones médicas son arrastradas continuamente al campo de batalla, y las y los pacientes junto con el personal médico y de enfermería son quienes sufren las consecuencias en el proceso. Desde 2015, hemos marcado la pérdida de 23 integrantes del personal de MSF en nueve eventos distintos, incluyendo pérdidas durante asaltos o bombardeos a hospitales. En los últimos cinco años, nuestro personal ha perdido la vida en Afganistán, Sudan del Sur, Siria, Yemen y República Centroafricana. 

En el mayor evento individual de este tipo, nuestro hospital de trauma en Kunduz, Afganistán, fue destruido en un ataque aéreo del ejército estadounidense en octubre de 2015. Murieron 42 personas, entre ellas, 14 integrantes de nuestro personal. En la capital afgana, Kabul, en abril de 2020, grupos armados asaltaron nuestra ala de maternidad en el hospital Dasht-e-Barchi, matando a 16 mujeres y a una partera de MSF.  

En Siria, los hospitales y clínicas que apoyamos han sido bombardeadas de forma rutinaria. Las ambulancias en Yemen, país devastado por la guerra, son atacadas con frecuencia. En lugares como Sudán, se han producido incursiones armadas en nuestras instalaciones de salud.  

No sólo son ataques militares  

Los ataques hacia la atención médica no se limitan a aquellos de carácter militar. Las y los trabajadores médicos y civiles se ven atrapados en la violencia indiscriminada de los grupos armados.  

En los últimos años, hemos tenido que dejar de prestar asistencia médica y retirar nuestros equipos en varios países debido a los asaltos a punta de pistola en nuestros hospitales. En diciembre de 2020, tras una serie de incidentes violentos contra nuestros equipos, tomamos la difícil decisión de poner fin a nuestras actividades en el territorio de Fizi, al noreste de la República Democrática del Congo.  

Lamentablemente, algunos de nuestros pacientes y personal también han resultado heridos o asesinados. Durante 2017, en la República Centroafricana, las personas que buscaban refugio en nuestro hospital de Batangafo por la violencia intercomunitaria fueron atacadas por hombres armados. En otro incidente ocurrido en República Centroafricana, un bebé murió debido un disparo mientras estaba en los brazos de su madre y frente a nuestro personal, mientras él y su madre buscaban refugio en nuestro hospital de Zemio. 

Hombres armados han detenido nuestras ambulancias en la calle, amenazado al personal a punta de pistola y han sacado a pacientes de la parte trasera de las ambulancias llevándoselos y negándoles la atención médica. En enero de 2021, una ambulancia de MSF claramente señalada como tal y que trasladaba a pacientes entre Douentza y Sévaré, en el centro de Malí, fue detenida violentamente por hombres armados. La ambulancia y sus ocupantes –incluidos pacientes, conductor y personal médico- fueron retenidos durante varias horas; uno de los pacientes murió a consecuencia de ello.  

Resolución 2286 de la ONU  

Fue la destrucción del Centro de Trauma de Kunduz, y el devastador asalto a las instalaciones sanitarias de Siria y Yemen, lo que llevó a la aprobación de la Resolución 2286 del Consejo de Seguridad de la ONU (CSNU) en mayo de 2016.  

MSF se esforzó en abogar para que los Estados garanticen la protección de la atención médica en ambos lados de la línea del frente. La resolución era necesaria. Supuso una reafirmación política de la legitimidad y el estatus de protección de la acción médica humanitaria, en un momento en que la asistencia médica estaba siendo objeto de mortíferos ataques aéreos por parte de los Estados, incluidos los Estados miembros del CSNU o a las coaliciones que apoyaban.  

La resolución también reforzó la protección de la asistencia médica en los conflictos. Ampliaba formalmente la protección del Derecho Internacional Humanitario (DIH) al personal humanitario y médico dedicado exclusivamente a tareas médicas. Esto incluye al personal, actividades de salud, y las instalaciones de organizaciones humanitarias privadas como MSF. También aclaró y solidificó la protección de los hospitales.  

Cinco años después, la atención médica sigue siendo atacada 

Sin embargo, la realidad es que, en los cinco años transcurridos desde la aprobación de la resolución, poco ha cambiado para quienes se encuentran sobre el terreno en las zonas de conflicto. Los hospitales y el personal médico humanitario siguen estando amenazados y son objetivo de ataques durante los conflictos. La adopción de la resolución no ha resuelto los problemas que encuentran nuestros equipos sobre el terreno.  

En la práctica, la resolución ha hecho poco por proteger a quienes su adopción pretendía proteger.  Los Estados deben aclarar y reafirmar su compromiso de proteger a las personas heridas, enfermas, y a quienes les atienden, pues la ayuda humanitaria y médica se enfrenta a una creciente tendencia de criminalización.  

¿Cómo podemos trabajar?  

Aceptamos que trabajar en zonas de guerra y escenarios de conflicto no está exento de riesgos. Pero hay medidas que tomamos para ayudar a reducir el riesgo de ser atacados por las partes de un conflicto. 

Ética médica y negociación 

Según la ética médica, negar la ayuda para salvar vidas no es negociable. Las y los pacientes que llegan a las salas de urgencias de nuestros hospitales deben ser tratados independientemente de quiénes sean o de qué lado de la línea del frente se encuentren o vivan. 

Desgraciadamente, esta opinión no es compartida por todos, y estamos trabajando para contrarrestar la “criminalización” de la asistencia médica en el campo de batalla. Por un lado, en virtud de muchas leyes nacionales de lucha contra el terrorismo, cualquier ayuda prestada en zonas donde operan los llamados “terroristas” es motivo de persecución y esas áreas suelen ser de muy difícil acceso. 

Pero, por otro lado, en aquellas zonas difíciles de alcanzar (y a algunas zonas que no son difíciles de alcanzar), los grupos armados atacan, secuestran y matan a las y los trabajadores humanitarios y médicos. 

Aunque la amenaza para las organizaciones médico-humanitarias es doble y de naturaleza diferente, la razón por la que intentamos acceder a estas zonas es la misma: proporcionar la tan necesitada atención médica a las personas. Para lograrlo, nos comprometemos con todas las partes del conflicto para que nos permitan prestar asistencia médica en las zonas de guerra y conflicto de forma segura. Reafirmamos a todas las partes que nuestro único objetivo es prestar asistencia a las personas y no interferir en ninguna agenda política o militar. 

También empleamos mecanismos como el de asegurarnos de que estamos claramente identificados y de que los grupos saben quiénes somos y dónde estamos. En lugares como Yemen y Afganistán, nuestro logotipo está muy claramente marcado en nuestras ambulancias, así como en el techo de nuestros hospitales, y compartimos proactivamente las coordenadas de nuestras instalaciones médicas. Estas negociaciones y mecanismos requieren un mantenimiento y vigilancia constante mediante el diálogo con las partes del conflicto. 

Es crucial para nosotros y para el trabajo que realizamos preservar la inviolabilidad y la protección de la atención médica, y tener acceso a todas las partes de un conflicto para garantizar esa protección. Establecer estos acuerdos que luego deben ser respetados por todas las partes es crucial para prevenir los ataques. 

Los Estados deben tomar todas las medidas necesarias para garantizar la máxima protección de las personas heridas o enfermas y del personal médico humanitario. 
Dos miembros de MSF colocan una gran pancarta con el logotipo de MSF en el techo del hospital materno-infantil de MSF en la zona de Al-Houban, en Taiz, para evitar que sea alcanzado por los ataques aéreos.

Cómo afrontar las secuelas de los ataques 

A pesar de esto, siguen produciéndose atentados contra la atención médica y el personal sanitario. Después de un ataque, es fundamental que establezcamos los hechos sobre lo que ha ocurrido y por qué, y que determinemos si podemos volver a tener equipos sobre el terreno. Nos preguntamos: “¿qué ha pasado? ¿cómo podemos evitar un futuro atentado?, ¿podemos mantener un equipo en este contexto específico?”. 

Cuando se cree que el ataque fue llevado a cabo por grupos armados locales o no estatales, a menudo hay muy pocos medios legales posibles –como los tribunales o los canales de investigación formales- para encontrar respuestas o hacer justicia. Nuestros equipos intentan contactar directamente a los líderes locales o a estos grupos. Les preguntamos los motivos del ataque para así evaluar si podemos seguir trabajando en ese contexto. También hacemos hincapié en nuestra neutralidad y nuestro papel de proporcionar asistencia médica humanitaria a todas las personas. 

Tras un ataque en el que han participado militares o un grupo armado estatal, una investigación independiente e imparcial de los hechos puede ser a menudo una forma eficaz de rendir cuentas y ayudar a poner en marcha medidas para evitar que se repita. Tras el atentado que destruyó nuestro hospital en Kunduz, Afganistán, pedimos a la Comisión Internacional Humanitaria de Encuesta (CIHE o IHFCC por sus siglas en inglés) que estableciera los hechos de este suceso. 

Creada en 1991 bajo los Convenios de Ginebra que rigen las normas de la guerra, la CIHE –que no es un órgano de la ONU- nació precisamente para investigar de forma independiente las violaciones al derecho humanitario. Sin embargo, Estados Unidos se negó a cooperar con una investigación independiente sobre Kunduz, a pesar de nuestra intensa presión. 

No obstante, es necesario que se lleven a cabo investigaciones para tratar de rendir cuentas y establecer responsabilidades y hacer algún tipo de justicia con las víctimas, idealmente sin que los presuntos autores formen parte o estén aliados con el juez y el jurado. Tres años después del bombardeo de 2016 contra el hospital de Shiara, apoyado por MSF en el norte de Yemen, el Equipo de Evaluación Conjunta de Incidentes, apoyado por Reino Unido y Estados Unidos designado por la coalición liderada por Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos que interviene en Yemen, no pudieron llegar a encontrar un responsable.

Tras incidentes como éste, MSF lleva a cabo su propia revisión y evaluación interna del suceso, y a menudo hace públicas sus conclusiones. Pero a veces -independientemente de si las circunstancias eran claras o no- decidimos que simplemente es demasiado peligroso para nuestros pacientes, nuestro personal, o ambos, seguir trabajando en un contexto en el que ha habido un ataque. En algunas ocasiones, esto nos ha llevado a tomar la difícil y desgarradora decisión de retirarnos del lugar en cuestión, cuyas consecuencias suelen ser que las personas se queden sin un acceso adecuado a la asistencia sanitaria. 

Tras el ataque a nuestra sala de maternidad en Dasht-e-Barchi, decidimos abandonarla, ya que el riesgo a futuro de que las personas perdieran la vida en ataques se consideró demasiado grande. Esto dejó a las mujeres del oeste de Kabul y sus alrededores -la mayoría de ellas de la marginada comunidad Hazara- sin atención materna especializada, en un país donde la mortalidad materna y neonatal es elevada.