El 3 de mayo se cumplirán 10 años de la aprobación unánime por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de la Resolución 2286. Más de 80 Estados Miembros se comprometieron a proteger al personal médico y humanitario, la infraestructura, el transporte y el equipo. Hoy, Médicos Sin Fronteras (MSF) insta a los Estados a respetar este compromiso y proteger la atención médica.
Médicos Sin Fronteras (MSF) cuenta con equipos que trabajan en más de 70 países alrededor del mundo, incluyendo Palestina, Líbano, Ucrania, Sudán y Myanmar , así como en otras zonas de conflicto y guerra. En la última década, 21 miembros del personal de MSF han perdido la vida en 15 incidentes mientras desempeñaban sus funciones. Solo en 2025, el Sistema de Vigilancia de Ataques contra la Atención Médica de la Organización Mundial de la Salud (OMS) registró un total de 1,348 ataques contra instalaciones médicas, que causaron la muerte de 1,981 personas.
“Lo que antes se consideraba excepcional ahora es algo común”, afirma el Dr. Javid Abdelmoneim, presidente internacional de MSF. “Observamos un flagrante desprecio por la protección de las misiones médicas en países en guerra. Los Estados que se comprometieron a proteger la atención médica en 2016 deben dejar de escudarse en excusas y culpar a otros, y actuar”.
En los últimos 10 años, los ataques contra el sistema de salud han sido diversos e incluyen bombardeos aéreos contra hospitales en Siria y Yemen, ataques con bombas contra hospitales en Ucrania y Palestina, ataques con drones contra un hospital en Myanmar y ataques contra ambulancias claramente identificadas en Camerún , Haití y Líbano. La respuesta de los Estados perpetradores ha sido a menudo la negación, alegar un error o acusar de falta de protección sin pruebas. Además, los trabajadores de la salud están siendo tratados cada vez más como sospechosos en lugar de protegidos.
La consecuencia inmediata de los ataques son las lesiones y la pérdida de vidas. A largo plazo, la consecuencia es que las comunidades a menudo se ven privadas de atención médica vital, ya que la infraestructura médica no se reconstruye o las organizaciones humanitarias suspenden sus actividades por motivos de seguridad.
En 2025, los equipos de MSF en Sudán realizaron cerca de 850,000 consultas ambulatorias, ingresaron a casi 95,600 personas en hospitales y asistieron a casi 29,000 partos. En Gaza, durante el mismo periodo, los equipos realizaron 913,000 consultas ambulatorias, ingresaron a casi 54,000 personas y llevaron a cabo 89,800 sesiones de salud mental. En Ucrania en 2025, las ambulancias de MSF derivaron a 10,700 pacientes, el 60% de los cuales presentaban lesiones relacionadas con la guerra, y los equipos proporcionaron 45,300 consultas ambulatorias a través de clínicas móviles y realizaron 9,750 sesiones de fisioterapia. Cuando la infraestructura médica está dañada o destruida, y si las personas tienen demasiado miedo de salir de sus hogares para buscar atención médica, son las comunidades las que sufren.
“La atención médica en zonas de conflicto se encuentra bajo una amenaza extrema, ya que en casi todos los conflictos de la última década se han registrado ataques contra el personal médico y la infraestructura de salud”, afirma el Dr. Abdelmoneim. “Médicos Sin Fronteras exige que los Estados respeten sus obligaciones y compromisos en virtud de la Resolución 2286 para una mayor protección y rendición de cuentas. La protección que se nos concede a nosotros y a nuestros pacientes en virtud del derecho internacional humanitario debe traducirse en acciones, no solo en palabras”.