Hace 10 años, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó por unanimidad la Resolución 2286 sobre la atención a la salud en conflictos armados. La situación es hoy peor que hace una década. Hoy no conmemoramos un logro, sino un fracaso.
A medida que la violencia contra instalaciones, transportes y personal sanitario continúa sin cesar, el daño que esta resolución pretendía prevenir no ha disminuido. Ha continuado y, en muchos contextos, se ha intensificado. Como responsables del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Médicos Sin Fronteras (MSF), nos unimos a otros actores de la comunidad internacional para lanzar un llamado urgente a la acción.
Cada día, en la primera línea de las crisis más devastadoras del mundo, nuestros equipos son testigos de las consecuencias catastróficas que se producen cuando se vulnera la protección de la atención médica. Hospitales reducidos a escombros, ambulancias retrasadas u obstaculizadas, y médicos, enfermeras y pacientes atrapados con demasiada frecuencia en ataques que provocan muertes y heridas. Pacientes mueren por heridas que podrían tratarse, mujeres se ven obligadas en ocasiones a dar a luz sin la atención adecuada y comunidades enteras pierden el acceso a servicios que salvan vidas. Cuando la atención sanitaria deja de ser segura, suele ser la señal más clara de que las normas destinadas a limitar el daño de la guerra se están desmoronando. Cuando los hospitales y quienes prestan atención médica son atacados, no solo nos enfrentamos a una crisis humanitaria, sino a una crisis de humanidad.
Los Estados y todas las partes en conflicto deben cumplir las normas que protegen la atención sanitaria. La obligación, en virtud del Derecho Internacional Humanitario (DIH), de “respetar y hacer respetar… en todas las circunstancias” exige a los Estados no solo cumplir estas normas, sino también utilizar toda su influencia para garantizar que otros Estados y partes en conflicto hagan lo mismo.
Las recomendaciones del Secretario General de la ONU que acompañaron a la Resolución 2286 siguen siendo una hoja de ruta clara y aplicable para los Estados. El CICR, la OMS y MSF están preparados, con su presencia en contextos de conflicto, su experiencia médica y su capacidad operativa, para apoyar a los Estados en la implementación de estas medidas fundamentales.
También recordamos la Resolución 65.20 de la Asamblea Mundial de la Salud, adoptada en 2012, que introdujo la documentación y notificación sistemática de los ataques a la atención médica por parte de la OMS. Reforzar una notificación coherente y transparente es esencial para construir una base de evidencias, orientar la prevención y la respuesta, y apoyar la rendición de cuentas.
Para defender y avanzar en la exigencia de la Resolución 2286 de que “todas las partes en los conflictos armados cumplan plenamente sus obligaciones en virtud del derecho internacional… para garantizar el respeto y la protección de todo el personal médico y humanitario dedicado exclusivamente a tareas médicas, sus medios de transporte y equipos, así como los hospitales y otros establecimientos médicos”; y para evitar otra década de deterioro de las normas y de violencia injustificable contra la atención sanitaria en contextos de conflicto, instamos a todos los Estados a aplicar con urgencia las siguientes medidas:
- Traducir los compromisos existentes en acciones concretas para aplicar la Resolución 2286 y promover activamente iniciativas positivas, incluido el trabajo de la iniciativa global sobre DIH para lograr una protección efectiva de los hospitales.
- Integrar la protección de la atención sanitaria en la doctrina, las normas de enfrentamiento y las directrices operativas de las fuerzas armadas y de seguridad para hacer efectivas las obligaciones del DIH.
- Revisar, adoptar y reforzar la legislación nacional para proteger la atención sanitaria en los conflictos armados.
- Asignar recursos financieros, técnicos y operativos adecuados para implementar medidas que protejan la atención sanitaria y promuevan el respeto a su prestación.
- Utilizar todos los medios disponibles para influir en otras partes en conflicto —incluidas aquellas a las que los Estados apoyan de cualquier forma— para que cumplan sus obligaciones de proteger la atención sanitaria.
- Llevar a cabo investigaciones rápidas, transparentes e imparciales sobre los ataques a la atención sanitaria y apoyar los esfuerzos para garantizar la rendición de cuentas conforme a los marcos jurídicos aplicables.
- Informar de manera periódica y transparente sobre la implementación de la Resolución 2286, incluyendo avances, desafíos, buenas prácticas y lecciones aprendidas para apoyar su plena aplicación.
Hace 10 años, en este mismo día, la comunidad internacional reafirmó que las normas de la guerra deben respetarse y que las personas heridas y enfermas, así como quienes las atienden, deben ser protegidas. Hoy, las instalaciones sanitarias siguen siendo dañadas o destruidas. El personal médico y los pacientes continúan siendo víctimas de ataques que provocan muertes y heridas. No es un fallo de la ley. Es un fallo de la voluntad política.
Instamos a los líderes mundiales a actuar y a demostrar el liderazgo político necesario para poner fin a esta violencia. La atención médica nunca debe ser una víctima de la guerra.