Hace justo un año, el pasado 30 de septiembre de 2025, las Naciones Unidas organizaron en Nueva York una conferencia de alto nivel sobre la situación de los musulmanes rohingya y otras minorías en Myanmar. El objetivo de los asistentes era proponer “un plan integral, innovador y concreto para una resolución sostenible de la crisis, que incluya esfuerzos para crear un entorno propicio para el retorno voluntario, seguro, sostenible y digno de los rohingya al estado de Rakhine, en Myanmar“.
Un año después, la situación de más de un millón de personas refugiadas rohingya que viven en una situación de incertidumbre en los campamentos de Cox’s Bazar, Bangladesh, y de aquellos que permanecen en el estado de Rakhine, devastado por el conflicto, sigue siendo desesperada y continúa deteriorándose ante la indiferencia internacional.
La población civil del estado de Rakhine, así como de otras zonas de Myanmar, se enfrenta a una violencia extrema. El sistema de salud de Myanmar sigue devastado por la violencia constante: los medicamentos y los suministros médicos a menudo se agotan o no llegan a los centros debido al conflicto, o bien sufren bloqueos totales, lo que provoca graves interrupciones en el acceso a la atención médica.
A pesar de estas circunstancias extremadamente peligrosas, persisten las presiones regionales y las peligrosas iniciativas para repatriar a los refugiados a Myanmar, cuando las condiciones aún no son lo suficientemente seguras para ello. Cabe destacar que Malasia ha decidido repatriar a cerca de 1,500 personas refugiadas a Myanmar, entre ellas miembros de la etnia rohingya, y que dicha repatriación dará comienzo hoy 29 de septiembre de 2026.
Declaraciones del Dr. Javid Abdelmoneim, Presidente Internacional de MSF
“Un año después de la conferencia, las comunidades rohingya han visto muy pocas acciones concretas y pocos resultados en materia de rendición de cuentas. En aquella conferencia se pronunciaron palabras contundentes, pero para las personas afectadas, esas palabras no se han traducido en cambios.
Mi mensaje a los líderes mundiales es el siguiente: dejen de considerar la repatriación como una solución cuando las condiciones en Myanmar siguen siendo extremadamente inseguras. Myanmar sigue siendo un lugar de violencia extrema. La población civil se enfrenta a bombardeos aéreos, matanzas masivas, reclutamiento forzoso y graves privaciones. La atención médica, el suministro de alimentos, la educación y los medios de subsistencia se ven gravemente afectados por el conflicto y la inseguridad.
Las actividades de MSF, al igual que las de otras organizaciones, se han reducido drásticamente debido a la inseguridad. No se trata solo de la capacidad de mantener a nuestros pacientes y personal a salvo de las bombas y los bombardeos, sino también de la implacable burocracia a la que nos enfrentamos para obtener las autorizaciones necesarias para intervenir, incluso ahora que las necesidades siguen aumentando. Y, sin embargo, seguimos observando peligrosas medidas encaminadas al retorno.
En Malasia, casi 1,500 refugiados de Myanmar corren el riesgo de ser devueltos en el marco de un programa de repatriación. Esto resulta profundamente alarmante. Seamos claros: el retorno no es seguro ni viable en este momento. Son los propios rohinyas quienes lo afirman. En nuestra encuesta del año pasado, el 84% de los pacientes rohinyas en Bangladesh afirmaron que no se sentirían seguros si regresaran a Myanmar. Lo que se necesita ahora son medidas concretas.
Hay que poner fin a los retornos forzados o prematuros. Cualquier retorno debe ser verdaderamente voluntario, seguro y digno. Los países de acogida deben proteger a la población refugiada y evaluar adecuadamente sus necesidades de protección. Esto implica determinar si las personas corren riesgo de persecución en caso de ser devueltas a sus países de origen y respetar el principio de no devolución.
Debe ampliarse el acceso humanitario en Myanmar, debe mantenerse la ayuda y debe haber una rendición de cuentas real por la violencia a la que siguen enfrentándose el pueblo rohingya y todas las demás comunidades afectadas por el conflicto en Myanmar”.