La resolución que emitirá mañana la Corte Internacional de Justicia marcará la primera ocasión en que un órgano judicial se pronuncie sobre si Myanmar cometió genocidio contra el pueblo rohingya. Se trata de un momento de especial importancia, largamente esperado por las comunidades rohingyas a las que hemos apoyado durante décadas en toda la región, incluidos pacientes, compañeros, compañeras y organizaciones colaboradoras de la sociedad civil rohingya en la diáspora.
Como organización médico-humanitaria, atendemos a pacientes rohingyas en Bangladesh, Malasia y Myanmar, todos ellos afectados por la violencia, el desplazamiento y la exclusión. Para estos pacientes y para nuestros compañeros rohingyas, el reconocimiento y la justicia son fundamentales.
En 2017, desde Médicos Sin Fronteras publicamos los resultados de una encuesta retrospectiva sobre mortalidad realizada en los campos de asentamiento de personas refugiadas en Bangladesh. La encuesta estimó que al menos 9,000 personas rohingya habían muerto en Myanmar, en el estado de Rakhine, entre el 25 de agosto y el 24 de septiembre.

El 71,7% de las muertes notificadas se habían producido como consecuencia de la violencia, lo que significa que, según las estimaciones más conservadoras, al menos 6,700 personas rohingyas habrían sido asesinadas durante este breve periodo, entre ellas al menos 730 niños y niñas menores de 5 años.
Casi diez años después, no podemos ignorar que estos ciclos de violencia no pertenecen únicamente al pasado. La violencia y las privaciones que sufre actualmente el pueblo rohingya continúan agravándose. Para quienes permanecen hoy en el estado de Rakhine, aunque la dinámica del conflicto sea diferente a la de 2017, la crisis sigue activa: todas las comunidades están sufriendo bombardeos aéreos y enfrentamientos intensos entre el Ejército de Arakán y las fuerzas armadas de Myanmar, desplazamientos, condiciones de asedio y la amenaza del reclutamiento forzoso para reforzar las líneas del frente.
En el caso concreto de las comunidades rohingyas, la discriminación histórica y las restricciones prácticamente totales a su libertad de circulación agravan los riesgos derivados del conflicto actual y las dejan especialmente expuestas a sus consecuencias.
Las personas que han sido desplazadas por la fuerza a otros lugares de la región siguen enfrentándose a graves obstáculos para garantizar su seguridad, dignidad y acceso a la atención sanitaria. En Bangladesh, la violencia masiva que estalló al otro lado de la frontera, en Myanmar, en noviembre de 2023, y que volvió a intensificarse en abril de 2024, provocó el desplazamiento forzoso de 150,000 personas.
Esto elevó a 1,2 millones el número total de personas refugiadas rohingyas en los campos de Bangladesh, sometiendo a una presión aún mayor unos servicios que ya estaban desbordados. En lo que llevamos de 2026, han llegado más de 6,000 personas refugiadas, que citan el reclutamiento forzoso, la extorsión, el secuestro de mujeres y niñas, la confiscación de tierras y los ataques aéreos como motivos que las llevaron a intentar alcanzar un lugar seguro en Bangladesh.

En Malasia, las políticas estatales perjudiciales mantienen a muchas personas rohingyas en riesgo constante de detención y encarcelamiento indefinido, incluso cuando buscan atención médica. Al mismo tiempo, estamos siendo testigos de peligrosos movimientos en toda la región hacia la denominada “repatriación voluntaria” de personas refugiadas a Myanmar, a pesar de que las condiciones siguen siendo claramente inseguras.
Malasia ya ha devuelto a cerca de 1,500 personas refugiadas pertenecientes a distintos grupos étnicos, no solo rohingyas. Todo esto sucede en un entorno mediático y de redes sociales plagado de discursos de odio contra las personas refugiadas rohingyas, que las convierten en blanco de acoso público allá donde van.
Sin duda, mañana será un momento histórico para el pueblo rohingya. Sin embargo, es fundamental recordar que las resoluciones judiciales no resuelven las enormes necesidades médico-humanitarias que siguen existiendo. Sigue siendo urgente que las fuerzas armadas de Myanmar y el Ejército de Arakán respeten el derecho internacional humanitario, pongan fin de inmediato a los ataques contra la población civil y las infraestructuras civiles, y faciliten una asistencia humanitaria rápida y sin obstáculos a quienes sufren las consecuencias del conflicto.
Es fundamental que los Estados de la región adopten medidas para aplicar una política de tolerancia cero frente a las manifestaciones públicas de odio, que siguen alimentando la violencia contra las personas refugiadas rohingyas, alejándolas cada vez más de la atención sanitaria, obligándolas a esconderse aún más y, en algunos casos, como ha constatado nuestro equipo en Malasia, empujándolas a sufrir crisis de salud mental.
La persecución sistemática del pueblo rohingya no terminó en 2017. Sus integrantes siguen viendo denegados sus derechos más básicos, incluida la ciudadanía, de la que fueron privados en 1982. Se necesitan urgentemente soluciones prácticas, seguras y a largo plazo para poner fin a la violencia física y estructural que, durante décadas, ha impedido al pueblo rohingya vivir con seguridad, dignidad y libertad.
