Con motivo del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, Médicos Sin Fronteras (MSF) advierte sobre las consecuencias de la demora en la atención médica e insta a las autoridades a garantizar servicios oportunos, dignos y especializados para las personas sobrevivientes.
En México, las personas sobrevivientes de tortura y violencia extrema enfrentan retrasos prolongados para acceder a atención médica y psicológica, lo que agrava y cronifica sus secuelas y dificulta su recuperación. A pesar de la gravedad de estas experiencias, las barreras para tener acceso a servicios especializados siguen siendo múltiples y, en muchos casos, impiden recibir cuidados cuando más se necesitan. Ante esta situación, Médicos Sin Fronteras (MSF) hace un llamado a garantizar una atención integral, oportuna y culturalmente pertinente para las personas sobrevivientes de tortura y violencia extrema, eliminando las barreras —administrativas, económicas, documentales, lingüísticas, culturales e institucionales— que hoy limitan tener cuidados especializados.
“La tortura no termina cuando cesa la agresión. Sus efectos pueden durar meses, años o toda la vida”, explica Violeta Chapela, referente médica del Centro de Atención Integral (CAI) gestionado por MSF en Ciudad de México. Allí, la organización brinda desde 2017 atención multidisciplinaria, que incluye apoyo médico, psicológico y social para sobrevivientes de tortura y violencia extrema. Sin embargo, muchas personas llegan mucho después de que ocurrieron los actos de violencia. La falta de atención oportuna no solo retrasa los procesos de recuperación, sino que profundiza el impacto de la violencia en la salud física, mental y social.
Los datos del CAI reflejan claramente estos retrasos. Durante 2025, se reportaron y atendieron 112 casos de violencia. El 48.2 % de las personas atendidas mencionó haber vivido un evento de violencia entre cuatro y doce meses antes de su primera consulta, mientras que el 23.2 % indicó que ocurrió hace más de un año. Solo una minoría logra ser atendida en las primeras semanas. En total, ese año, MSF brindó 7.181 consultas médicas, psicológicas y sesiones de trabajo social para esos casos, lo que evidencia la complejidad de los tratamientos, la magnitud de las necesidades y los vacíos en el acceso temprano.
Detrás de estos retrasos hay barreras que limitan el acceso a la atención: miedo, desconfianza hacia las instituciones, estigmatización y falta de información, además de obstáculos administrativos, económicos, documentales, lingüísticos y culturales. Estas afectan también a pueblos indígenas quienes enfrentan servicios que no están disponibles en su lengua ni adaptados a su contexto, mientras que la llegada de personas haitianas y otras en movilidad con otros idiomas encuentran barreras idiomáticas, aislamiento y desconocimiento de los servicios. Muchas, además, evitan acudir a algunos servicios por experiencias previas de violencia o discriminación.
En el CAI, MSF atiende a personas que viven con ansiedad, depresión, trastorno por estrés postraumático y trauma complejo, así como otras con profundas dificultades para reconstruir vínculos de confianza. Muchas han sobrevivido a secuestros, violencia sexual, agresiones físicas o amenazas. Estas experiencias no solo afectan el cuerpo, sino también la manera en que las personas se relacionan con su entorno y su posibilidad de reconstruir un proyecto de vida.
Frente a esta realidad, una atención, especializada, gratuita y confidencial es fundamental. “Contar con servicios de atención integral es clave para que las personas puedan iniciar su proceso de recuperación”, señala Chapela. En el CAI, MSF ofrece servicios multidisciplinarios —médicos, psicológicos y de trabajo social— y espacios colectivos orientados a reconstruir la confianza. Este enfoque permite acompañar procesos de recuperación sostenidos, más allá de la atención inmediata.
La necesidad de estos servicios se inscribe en un contexto más amplio. De acuerdo con el Índice Global de la Tortura 2025, México está clasificado como un país de “alto riesgo de tortura y malos tratos”, con 2,881 casos documentados entre 2019 y 2024 y al menos 3,506 víctimas, lo que refleja una problemática persistente que afecta tanto a población local como a personas migrantes y desplazadas internas.
A pesar de la dureza de estas experiencias, la recuperación es posible cuando existen condiciones adecuadas. “Incluso después de la violencia extrema, es posible recuperar la dignidad, reconstruir un proyecto de vida y mirar al futuro con esperanza”, agrega Chapela. Gerardo*, paciente del CAI, lo describe en términos personales: “Ha sido un proceso duro, pero poco a poco empecé a ver cambios. Entendí que sí hay una manera de salir adelante. Ahora siento que estoy empezando de nuevo. Un nuevo yo”.
*Nombre cambiado para proteger su identidad.
