Desde Médicos Sin Fronteras (MSF) instamos al Gobierno de Pakistán a garantizar que ninguna persona refugiada sea devuelta por la fuerza a Afganistán en virtud del Plan de Repatriación de Extranjeros Ilegales (IFRP) y a establecer excepciones formales para las personas que necesitan protección internacional.
Estamos profundamente preocupados por el impacto del IFRP en el acceso de las personas refugiadas a la asistencia médica. Muchas de ellas han contado a nuestros equipos que están retrasando o renunciando a la atención médica por miedo a ser detenidas y para evitar los controles de documentación en los centros de salud. Esto ha dado lugar a problemas de salud evitables, entre ellos casos de desnutrición y complicaciones en el embarazo.
Nuestro personal habló con Najib*, un refugiado afgano detenido durante una redada policial en su domicilio, a pesar de haber mostrado su tarjeta de registro (PoR) a las autoridades. “Mi esposa tenía tres meses de embarazo cuando la policía me detuvo. Cuando me liberaron y volví a casa al día siguiente, ella seguía en estado de shock.
Me contó que había empezado a sangrar abundantemente debido al estrés y al sentimiento de profunda tristeza que aquello le produjo. Mi mente estaba llena de numerosas imágenes: la escena de la detención, el trauma, la angustia mental de la noche anterior… todo se agolpaba en mi cabeza. A pesar del miedo que sentía, decidí que tenía que hacer algo para salvar la vida de mi mujer. Me aterrorizaba que me detuvieran de nuevo, pero la llevé rápidamente al médico. Sin embargo, ya era demasiado tarde: ya había sufrido un aborto espontáneo”.
Las políticas del Gobierno de Pakistán han mermado la capacidad de las personas para mantener a sus familias, ya que pierden su trabajo y sus ingresos ante el temor a ser detenidas y deportadas. A principios de 2026, pusimos en marcha clínicas móviles para comunidades sin acceso a la asistencia médica en Quetta, capital de la provincia de Baluchistán, e identificó una elevada incidencia de desnutrición aguda entre niños y niñas que acudían en busca de atención, con un 33,3% que cumplía los criterios de desnutrición aguda global. Entre los examinados, el 7,6% presentaba desnutrición aguda grave y el 25,7% desnutrición aguda moderada. Cerca el 90% de los pacientes con desnutrición eran personas refugiadas afganas, en su mayoría mujeres, niñas y niños.
El Gobierno de Pakistán comenzó a aplicar el IFRP en noviembre de 2023, dirigiéndose inicialmente a los ciudadanos afganos indocumentados y ampliándolo posteriormente a los refugiados que poseían la Tarjeta de Ciudadano Afgano (ACC) o el Certificado de Registro (PoR), muchos de los cuales llevaban viviendo en el país desde 1979.
En una directiva del 10 de julio de 2026, las autoridades pakistaníes ordenaron la detención inmediata y la deportación acelerada de todos los ciudadanos afganos sin visado válido.
“Pakistán ha acogido a refugiados afganos durante más de 45 años a pesar del escaso apoyo internacional”, afirma Marko den Hartogh, nuestro coordinador general en Pakistán. “Sin embargo, las personas refugiadas afganas viven bajo el miedo constante a ser detenidas, encarceladas, desalojadas, a perder sus medios de subsistencia y a ser deportadas. Esto hace poco probable que muchos de los retornos a Afganistán sean verdaderamente voluntarios”. Hasta la fecha, más de 2,5 millones de afganos han regresado a Afganistán en el marco del IFRP, muchos de ellos de forma obligatoria, según el ACNUR.
La ONU ha identificado recientemente a más de 70,000 personas refugiadas afganas que podrían correr un riesgo inminente si fueran deportadas. “Es fundamental que las personas con necesidades de protección no sean deportadas y que los retornos sean voluntarios, seguros y dignos”, afirma den Hartogh.
Entre 2023 y 2026, aproximadamente 6 millones de personas afganas regresaron desde Irán y Pakistán, lo que supuso una carga para el frágil sistema de salud de Afganistán. La exclusión sistemática de las mujeres y las niñas de la vida pública, los recortes generalizados de la ayuda estadounidense y la disminución general de la financiación, un sistema de salud desbordado y una crisis económica cada vez más crítica, agravan los retos a los que se enfrentan los repatriados para reintegrarse.
Las evaluaciones que hemos realizado en los asentamientos informales de repatriados de la provincia afgana de Kandahar en octubre de 2025 y abril de 2026 revelaron una falta de atención médica básica, viviendas inadecuadas, desnutrición y malas condiciones de saneamiento, lo que aumenta el riesgo de brotes epidémicos.
En Médicos Sin Fronteras instamos a los países que acogen a personas refugiadas afganas a que detengan todos los retornos forzosos a Afganistán y garanticen que los procesos de retorno no pongan en peligro la protección y la seguridad de los refugiados.
“Instamos al Gobierno de Pakistán a que reanude su solidaridad de muchos años con los refugiados y adopte formalmente mecanismos para identificar y proteger a quienes corren riesgo de sufrir peligro tras su retorno”, afirma Marko den Hartogh.
“Esto debe incluir a las mujeres, niñas, niños, adultos mayores, personas con discapacidad, a quienes necesitan atención médica urgente o a largo plazo, a los refugiados en espera de reasentamiento y a otras personas con un riesgo elevado de sufrir marginación, discriminación o persecución”.
*Nombre modificado para proteger la confidencialidad y la privacidad
