La Comisión Europea aún no ha dado una decisión final ni ha indicado qué medidas tomará, tres años después de que Médicos Sin Fronteras (MSF), la Asociación de Estudios Jurídicos sobre Inmigración (ASGI), EMERGENCY, Oxfam Italia y SOS Humanity presentaran quejas sobre las normas de Italia sobre actividades de búsqueda y rescate civil. En el aniversario de la queja, en MSF reiteramos nuestro llamado a la Comisión para que tome una decisión.
La queja se refiere al Decreto-Ley italiano 1/2023, conocido como el decreto Piantedosi, así como a la práctica de Italia de asignar puertos distantes para rescatar buques, y el uso abusivo de las inspecciones de Control Estatal Portuario. Estas medidas continúan obstruyendo las operaciones de búsqueda y rescate que salvan vidas en el centro del Mar Mediterráneo.
Las asignaciones de puertos lejanos obligan a los barcos de rescate a pasar menos tiempo en el área de búsqueda y rescate y retrasar el acceso de los sobrevivientes a los servicios esenciales en tierra. Entre enero de 2023 y diciembre de 2024, el buque de rescate de MSF, Geo Barents, se vio obligado a navegar 64,966 kilómetros adicionales y pasó 163 días adicionales en el mar.
El decreto Piantedosi impone una serie de normas restrictivas que, en la práctica, imponen restricciones operativas a las actividades de rescate civil. Las organizaciones que no cumplan corren el riesgo de multas, detención o incluso confiscación de sus buques. Desde 2023, los barcos de rescate de las ONG han sido detenidos en 43 ocasiones, lo que equivale a más de 1,100 días de detención impuestas. Sin embargo, estas sanciones no se han puesto en pie en repetidas ocasiones en los tribunales; hasta la fecha, ninguna de las 43 sanciones impuestas ha sido confirmada por una sentencia judicial final.
Mientras la Comisión se retrasa, las personas siguen muriendo en el mar. A finales de julio de 2026, se temía que casi 1,500 personas habían muerto o desaparecido en el Mediterráneo central, después de 1,745 muertes en 2025. El Mediterráneo central sigue siendo la ruta migratoria más mortífera del mundo, con más de 26,700 personas muertas o desaparecidas desde 2014, según la Organización Internacional para las Migraciones.
“Detrás de estos números hay personas (hombres, mujeres y niños) que tienen derecho a ser rescatadas”, dice Julie Melichar, representante de Búsqueda y Rescate de MSF. “Estas políticas no se han puesto en pie repetidamente en los tribunales italianos cuando se impugnan las sanciones contra las organizaciones de rescate”.
“Italia debe dejar de obstruir el trabajo de búsqueda y rescate que salva vidas, y la Comisión Europea debe finalmente actuar”, dice Melichar.
Estas políticas y prácticas no están en línea con las obligaciones de los estados miembros de la UE en virtud de las leyes marítimas y de derechos humanos europeas e internacionales. Ponen en peligro la vida de las personas en movimiento y socavan el trabajo de las organizaciones que intentan salvar vidas en el mar. La Comisión Europea no puede seguir mirando hacia otro lado.
